El fraude por la compra de miles de litros producidos sin cuota llegó a los 249 millones l Satisfacción en las empresas, entre las que figura Capsa
OVIEDO, M. J. IGLESIAS Las industrias lácteas españolas, entre ellas Corporación Asturiana Peñasanta (Capsa), sociedad de Central Lechera Asturiana, y varias cooperativas, pagarán una multa superior a los 25 millones de euros al gobierno de España para zanjar un litigio, abierto hace doce años, por la compra fraudulenta de materia prima producida sin la correspondiente cuota. Era, por así decirlo, un «mercado negro» de miles de litros de leche que luego, recurriendo a una trama de sociedades interpuestas, las empresas afectadas intentaban hacer pasar por legales. Los hechos ocurrieron entre 1997 y 2005, y fueron denunciados por el Estado español y los estaba investigando la Audiencia Nacional. El dinero de la multa será reintegrado a la Unión Europea. Un informe oficial del Ministerio de Medio Rural cuantificó el fraude en 249 millones de euros.
Durante ocho ejercicios, el sector lácteo puso en el mercado ilegalmente 1,2 millones de toneladas por encima de la cuota que la UE asigna a España, según la documentación entregada por el Gobierno al entonces juez de la Audiencia, Baltasar Garzón, para incorporar al sumario de la denominada «leche negra». Ese informe, elaborado por dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), reveló cómo una treintena de sociedades y cooperativas, grandes y pequeñas, repartidas por todo el país, se sirvieron de tres sociedades fantasma (El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac, S. L.) para camuflar el fraude con facturas falsas, colocar sus productos en las tiendas de forma clandestina y evitar la multa de Bruselas por exceso de producción.
Las sociedades emitían facturas falsas y recibían comisiones de unos tres céntimos de euro por cada litro de leche vendida. Con los albaranes de esas sociedades que actuaban como primeros compradores de leche en el campo, las industrias lácteas aglutinaban en una sola factura todas las compras, las que estaban sujetas a cuota y las demás. La resolución de la Audiencia Nacional, fruto de un acuerdo negociado por las partes implicadas, que ha evitado la celebración de un juicio, de imprevisibles consecuencias, da carpetazo a un proceso que colea desde hace doce años. En 2001 el comisario de Agricultura, Franz Fischler, comunicó a la Oficina Comunitaria de Lucha contra el Fraude (OLAF) las supuestas prácticas irregulares en la producción de leche no sujeta a cuotas en España. El pacto fue recibido ayer con satisfacción entre las empresas afectadas, entre ellas, la asturiana Capsa, a través de la gallega Larsa. Fuentes cercanas al proceso destacaron la generosidad que ha prevalecido en las negociaciones entre representantes de las industrias, el Gobierno español y las autoridades europeas. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el pago de la multa no descuadrará los balance. Al menos en el caso de Capsa se han realizado provisiones de fondos para asumir una posible sanción. A falta de concretar la cantidad que tendrá que abonar cada compañía, se sabe que el pago será proporcional a las cantidades defraudadas. Las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA reconocieron que la práctica generalizada en aquellos años de comprar producción excedentaria y «legalizarla» o blanquearla en las empresas evitó que miles de ganaderos tuviesen que hacer frente a multas por exceso de producción que hubiesen provocado el cierre de las ganaderías.
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