La Comisión Nacional de la Competencia ha puesto negro sobre blanco algo que cualquier persona mínimamente informada sabía de sobra. No se puede establecer por ley un mecanismo que fije un precio mínimo para la leche como para cualquier otro producto alimentario. Los responsables políticos que vienen dando pábulo desde hace años a esta justa reivindicación de los productores lácteos no podían desconocer en ningún caso que choca frontalmente con la normativa comunitaria en materia de competencia. Bruselas, que está a punto de eliminar el sistema de cuotas en la nueva Política Agraria Común, quiere que también en este ámbito funcionen sin interferencias los mecanismos del libre mercado. No vale llamarse a engaño. Esa es la esencia de la Unión Europea.
En diciembre pasado, y después de una «huelga» de entregas a las industrias, las organizaciones profesionales agrarias -porque en puridad no son sindicatos- arrancaron a la Xunta el compromiso de que reivindicaría ante el Gobierno de España un nuevo marco legal para que los ganaderos gallegos no recibieran por la leche menos de lo que les costase producirla en sus granjas. El propio presidente Feijóo se involucró de lleno en el asunto, concienciado como está de la delicada situación por la que atraviesan miles de explotaciones, que a su vez son las que en gran medida mantienen vivo nuestro medio rural.
El Ministerio de Agricultura se hizo eco de los planteamientos de Galicia, elaborando un proyecto de ley de la cadena alimentaria en el que se contempla que los contratos entre productores y empresas deben contener el concepto de coste de producción primaria, el precio mínimo garantizado, con lo que se evitarían los habituales abusos de posición dominante que se producen en el sector lácteo, al parecer en mayor medida que en otros. Ahora la Comisión de la Competencia emite un dictamen en el que deja muy claro que la legislación general vigente a nivel español y europeo prohíbe taxativamente la concertación de precios. Al tiempo, aclara que solo de forma excepcional pueden contemplarse precios idénticos, nunca mínimos obligatorios.
Galicia lleva décadas reestructurando su sector lechero, casi desde el mismo día en que España entró en el entonces Mercado Común. Desaparecieron miles de pequeñas explotaciones ganaderas. Se salvaron aquellas que fueron capaces de crecer y modernizarse, tanto desde el punto de vista técnico como de gestión, las que se transformaron en empresas y se profesionalizaron. Sin embargo, a pesar de los pesares, aún perviven bastantes granjas cuyo futuro inmediato está muy comprometido, y no solo por el constante incremento de costes en piensos, energía, tratamientos, etc., que no pueden repercutir a quien les compra la leche, sino sobre todo porque no resultan competitivas en cuanto a eficiencia.
Dar a entender a los granjeros gallegos, en especial a los que están en situación límite, que una ley de la cadena alimentaria podía ser su tabla de salvación es generarles falsas expectativas. Las administraciones central y autonómica son corresponsables de la frustración que ahora se produce, pero no en mayor medida que unos dirigentes sindicales que llevan demasiado tiempo pidiendo lo que de sobra saben que no puede ser y además es imposible.
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