Los ganaderos denuncian fraude de ley en los contratos de las industrias. Los productores dicen que su presión sobre las lácteas ha ayudado a elevar el precio
Después de prolongadas crisis de precios y recurrentes movilizaciones en el campo, el rural gallego parece vivir un tiempo provisional de respiro. El precio medio del litro de la leche en origen se ha situado ya en 0,345 euros el litro, un valor prácticamente idéntico al de la media española, algo que no sucedía desde hacía seis años. En el 2007, durante un período muy corto de meses, se produjo una situación parecida. Pero para poder encontrar una convergencia similar más sostenida en la serie histórica habría que remontarse a 1996.
Desde entonces, por paradójico que pueda parecer, en Galicia, primera productora de leche del Estado, donde todavía mantienen la actividad diez mil explotaciones, los ganaderos cobraban entre uno y dos céntimos menos por la materia prima que los del resto de las comunidades. Una circunstancia que las industrias transformadoras, con sede fuera de Galicia, atribuían a los costes logísticos y de transporte. Pero que el sector ganadero, en cambio, vinculaba a una estrategia de presión para abaratar el aprovisionamiento de materia prima, ante la dificultad de muchos productores de cambiar de comprador.
Mientras que el Gobierno gallego atribuye la recuperación de las cotizaciones en el campo a las medidas impulsadas en el paquete lácteo (donde se incluyen los contratos), desde el sector productor matizan esta interpretación.
Presión de los productores
«En la recuperación de precios ha jugado también un papel importante la presión de los ganaderos con la huelga de entregas de diciembre del 2012. Si fuera solo por razones de mercado, la brecha con España, el diferencial, seguiría existiendo», sostiene Javier Iglesias, responsable de ganadería de Unións Agrarias. Otras fuentes consultadas en el sector ganadero no descartan que durante el último trimestre del año puedan repuntar los precios y que la leche en el campo gallego se pague incluso algo por encima de la media nacional, circunstancia que sería histórica.
Entre los factores que explican la subida de los precios en origen juegan un papel determinante dos cuestiones de mercado: una sequía importante que llevó a una reducción de producción en Oceanía y una demanda creciente en los países emergentes, en Asia y Sudamérica, lo que ha afectado a la subida de productos industriales, como leche en polvo y la mantequilla.
Quejas
Pero en el campo gallego no es oro todo lo que reluce. Los ganaderos han denunciado que la gran mayoría de los contratos suscritos con las industrias se están firmando en fraude de ley. Una queja que parece tener amparo en documentos oficiales. Según un informe del Ministerio de Agricultura, dirigido por Miguel Arias Cañete, este año se han suscrito en España cerca de 15.000 contratos de ganaderos y cooperativas con empresas transformadoras. La duración media de la gran mayoría de ellos se sitúa en 4,7 meses, cuando la ley deja claro que la industria tiene que presentar a los productores una relación contractual por un período no inferior a un año. Solo setenta contratos tienen una vigencia superior a los doce meses, según el informe del Gobierno.
Reticencias de la industria
Una circunstancia que pone de relieve la reticencia de las industrias a firmar contratos largos cuando el contexto en el que se mueven los precios es el de la estabilidad. Sin embargo cuando las cotizaciones que se abonan a los ganaderos por la materia prima en origen se encontraban en niveles más bajos, las empresas eran más partidarias de alargar los contratos cuanto más mejor.
Era entonces cuando los ganaderos denunciaban que no podían extender la miseria de un mes a todo un año.
Máximos
En la reunión semanal del equipo de Gobierno de Alberto Núñez Feijoo celebrada el pasado 12 de septiembre, la Xunta aprobó un informe en el que se constataba que el precio de la leche en origen había alcanzado su valor más alto desde la grave crisis del 2009, circunstancia que el Gobierno gallego atribuye, en parte, a las medidas impulsadas por las Administraciones autonómica y estatal, que han dotado de un mayor poder de negociación a los ganaderos y que han introducido, a su juicio, equilibrios en la cadena alimentaria.
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