El administrador judicial lo denuncia por contravenir los estatutosEl proyecto impulsado por la Xunta para aprovechar con capital público y con cooperativas gallegas la antigua fábrica de Pascual en Outeiro de Rei (Lugo), Alimentos Lácteos, se ha convertido en una caja de sorpresas. Sobre la sociedad, en la última fase del concurso de acreedores y a las puertas de la liquidación definitiva, pesa la sombra de una oscura gestión. El administrador concursal, Javier Reigosa Cubero, tiene presentada en el Juzgado de lo Mercantil de Lugo una demanda contra el presidente y el secretario del consejo por cobrar de la sociedad en los ejercicios 2010 y 2011 la cantidad de 118.200 euros cada uno.
Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, las retribuciones contravienen lo recogido en el artículo 20 de los estatutos de la sociedad, donde se establece que las remuneraciones del consejo están condicionadas a la obtención de beneficios. Alimentos Lácteos cerró el 2010 con unas pérdidas de 3,4 millones y al año siguiente se dispararon hasta los 4,3.
Contra presidente y secretario
La demanda del administrador concursal se dirige contra Eugenio Montero y Arcadio López, presidente y secretario del consejo -también tenientes de alcalde del PP en Touro y A Pastoriza -, quienes cobraron cada uno durante esos dos años 59.000 y 59.200 euros, respectivamente. Los hechos objeto de la demanda tienen una especial trascendencia por el problema social que ha desencadenado la quiebra de la empresa. Durante muchos meses, los ganaderos de las cooperativas que suministraban la leche a la planta no cobraron de Alimentos Lácteos la mercancía por los problemas de tesorería que arrastraba la sociedad.
A muchos de ellos, se les canjeó esa deuda por participaciones en una empresa ahora a punto de liquidarse. Es decir, que no solo no se les restituyó la deuda, sino que ahora tendrían que responder con su patrimonio por haber suscrito créditos participativos.
Fuentes consultadas han revelado que este problema habría atrapados a unos 800 ganaderos, muchos de ellos residentes en A Pastoriza (Lugo), sede de la cooperativa Gancobre, cuyo cargo de presidente desempeñó también Arcadio López, una de las dos personas ahora demandadas por el administrador concursal.
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