Las tres fuerzas de la oposición al PP coincidieron este viernes en criticar a la Xunta por las gestiones que llevaron al cierre de Alimentos Lácteos, empresa con base en Outeiro de Rei cuya liquidación se empezó a tramitar esta semana.
El portavoz de Medio Rural del grupo socialista en el Parlamento gallego, Pablo García, requirió este viernes que la conselleira del ramo, Rosa Quintana, dé explicaciones «en detalle» en la Cámara del proceso seguido por la empresa Alimentos Lácteos hasta entrar en fase de liquidación. García censuró que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haga ahora «autocrítica» con la gestión de esa compañía y enfatizó que Quintana debe comparecer en el Parlamento de manera «urgente» para hablar del proyecto ubicado en la antigua planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei (Lugo). «La respuesta de Feijóo nos parece bastante pobre», subrayó.
Alimentos Lácteos fue promovido por un grupo liderado por las cooperativas La Arzuana y Gancobre. A ellas se refirió este viernes el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Antonio Veiga, del BNG, quien sostuvo que “la única razón de peso” por la que la Xunta adjudicó a este grupo la planta “fue la vinculación de sus gerentes con el Partido Popular, ya que ambos fueron destacados militantes de la organización con cargos de representación institucional en sus respectivos municipios”. Para Veiga, es “obvio” que la Xunta tiene que asumir responsabilidades en este caso, ante la “nefasta y negligente” gestión de Alimentos Lácteos.
Contra los gestores ha actuado el administrador concursal, quien ha presentado una demanda para que devuelvan 236.400 euros.
De su lado, Age denunció este viernes que “la Xunta oculta información básica sobre el proceso que condujo a la liquidación” de Alimentos Lácteos. Antón Sánchez, diputado de Age por Lugo, demandó que se esclarezcan las responsabilidades del Gobierno gallego, “que prestó ocho millones de euros a un proyecto inviable”. Esa cantidad llegó a través de préstamos participativos concedidos por Xesgalicia, sobre los que pidió documentación este grupo político. Sánchez aclaró que solicitará tanto la comparecencia de Quintana como la de Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria.
Los 80 trabajadores acaban de agotar el plazo máximo de 180 días en situación de suspensión. Así, a partir de este viernes están al cargo de la empresa, que a su vez está en proceso de liquidación, por lo que el comité de empresa «tratará de conseguir las mejores ventajas para la extinción de los contratos de estos trabajadores», según destaca el sindicalista de la CIG Christian López.
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