La Autoridad de la Competencia de Francia anunció hoy una sanción total de 192,7 millones de euros contra once empresas de la industria láctea por haber establecido acuerdos entre ellas sobre los precios y sobre el reparto del mercado entre 2006 y 2012.
La multa más importante, de 56,1 millones de euros, es para Lactalis Nestlé, y le siguen en importancia Senagral (46 millones), Novandie (38,3 millones), Maître Laitiers du Cotentin (22,9 millones), Yeo Frais del grupo 3A (12 millones), Laïta (8,1 millones) Lactalis Beurres & Crèmes (4 millones), explicó la Autoridad de la Competencia en un comunicado.
A continuación van Alsace Lait (3,6 millones de euros)Laiteries H. Triballat de Rians (1,4 millones) y Laiterie de Saint Malo (300.000 euros), mientras que Yoplait, aunque aparece en la lista de sancionados, ha visto su multa (que debía ser de 44,7 millones) reducida a 0 porque fue la primera en autoinculparse ante la autoridad primero en agosto de 2011 y luego en febrero de 2012.
Senoble-Senagral también se acogió, aunque posteriormente, al procedimiento para solicitar clemencia, y por eso su multa quedó disminuida a menos de la mitad, respecto a los 101,3 millones de euros que le hubiera correspondido.
Según las conclusiones de los investigadores, «numerosos elementos del dossier muestran» que las once empresas sancionadas, que representan más del 90 % del mercado lácteo de Francia, se reunían y se hablaban por teléfono para fijar precios y el reparto de volúmenes de productos.
El «centro de gravedad» del «cártel» lo constituían los cuatro líderes del sector, Yoplait, Novandie, Lactalis y Senoble.
Las reuniones se celebraban en la mayor parte de los casos en hoteles que cambiaban cada vez «por razones de discreción».
Para llamarse utilizaban «teléfonos móviles secretos» dedicados exclusivamente a estas operaciones, con líneas que no estaban a nombre de los verdaderos usuarios (en uno de los casos citados aparecía el de la pareja del interesado), de forma que no aparecían en las facturas.
El representante de Yoplait se encargaba de una «agenda secreta» en la que se anotaban las decisiones tomadas, y que fue entregada por ese grupo a la Autoridad de la Competencia para pedir (y obtener) clemencia.
Eso permitió descubrir, por ejemplo, que el 4 de julio de 2007 las empresas acordaron una subida general de sus precios desde el 1 de octubre siguiente que debía ser del 3 % en los postres, del 4 % en los yogures y del 5 % en los quesos y en la crema fresca.
Además, también convinieron en una línea argumental para justificar las nuevas tarifas.
Las empresas también establecían un reparto de las ventas entre ellos, de forma que si una ganaba peso relativo, pasaba a acumular una deuda que se compensaba más adelante, cuando se presentaba la ocasión (por ejemplo, mediante una licitación).
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