El primer ministro neozelandés John Key dijo el lunes que quería una investigación gubernamental sobre la contaminación de Fonterra para disipar los temores de los consumidores en China, posiblemente con un representante chino.
Su anuncio se produjo cuando otras dos investigaciones -una a cargo de Fonterra y otra por el Ministerio de Industrias Primarias (MIP)- fueron anunciadas para examinar cómo 38 toneladas de proteínas de suero de leche fueron contaminadas con una bacteria que puede causar botulismo.
“Una posibilidad es que, si podemos encontrar a un eminente científico chino especializado en este campo, podríamos ponerlo para darle mayor confianza a su mercado”, dijo Key a la televisión neozelandesa. Los términos de la investigación y otros detalles aún no se han determinado, pero dijo que quería que se completara la investigación antes de que él vaya a China.
“Necesito los resultados de la investigación así puedo mirar a las cámaras y decirles: ‘Tengan confianza en nuestro producto, ya lo hemos solucionado’”, dijo Key.
El MIP dijo el lunes que había iniciado una investigación para saber si Fonterra cumplió con sus obligaciones reglamentarias de informar a las autoridades acerca de la contaminación, que se cree que ocurrió en mayo del año pasado.
“La investigación determinará si los requisitos reglamentarios de la Ley de Alimentos y Ley Productos Animales fueron cumplidos por todas las partes involucradas, o si alguna de ellas competió alguna infracción”, dijo Scott Gallacher, director general interino del MIP, en un comunicado.
“La investigación incluirá las decisiones adoptadas por todas las partes y sus respuestas, incluyendo durante la producción del concentrado de proteína de suero de leche, y desde cuándo surgieron inicialmente las anomalías en las pruebas”, agregó.
La investigación, que podría incluir un equipo de hasta 20 personas, probablemente se completará entre tres y seis meses.
Las penas máximas por infracciones de los reglamentos de las leyes de alimentos y productos animales van de 100.000 a 500.000 dólares neozelandeses (entre 80.438 y 402.188 dólares estadounidenses), y hasta 12 meses de prisión, dependiendo de la naturaleza de la ofensa.
También el lunes, el presidente de Fonterra, John Wilson, anunció que el directorio de la empresa había establecido una comisión de investigación encargada de supervisar una revisión independiente sobre cómo ocurrió la contaminación y la cadena posterior de acontecimientos.
Wilson dijo que tenía plena confianza de que el jefe ejecutivo de Fonterra, Theo Spierings, tomó las decisiones correctas y continúa haciendo todo lo posible para manejar este asunto complejo, pero que se deben aprender lecciones importantes.
“Es muy importante que identifiquemos estas lecciones rápidamente para que nuestros agricultores, gobiernos, clientes, consumidores y accionistas puedan volver a tener confianza plena en Fonterra y sus productos”, dijo en un comunicado.
Un juez jubilado del Alto Tribunal de Nueva Zelanda fue nombrado como miembro independiente del comité y un eminente científico también será nombrado, dijo.
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