Apoya el ‘paquete lácteo’ si el Gobierno presiona a la industria.Los responsables de Asaja de León visitaron ayer la explotación de vacuno de leche Romualdo Castro Pérez, en Villaquejida, acto que aprovecharon para exigir un precio rentable para unos productores que llevan meses soportando cuantiosas pérdidas, ya que a los bajos precios de la leche –actualmente entorno a los 315 euros tonelada –, se suman unos elevados costes de producción por el encarecimiento de los piensos y otros insumos.
El sindicato agrario apoya el denominado ‘paquete lácteo’, un compendio de legislación nacional y europea que pretende regular el sector obligando a formalizar contratos de compraventa y dando capacidad a las organizaciones de productores para negociar los precios y canalizar la oferta.
Este mecanismo, que teóricamente es bueno, “está encontrando la oposición de la industria para su puesta en funcionamiento, una industria que incluso prende que en los contratos figure un precio inferior al actual del mercado, por lo que ha de ser el Gobierno quién intervenga para obligar a la industria a pagar unos precios que no supongan una venta a pérdidas”, explican desde Asaja.
Cobrando los actuales precios de hace veinte años, “si la situación se prolonga todavía más, se producirá en la provincia un goteo permanente de cierre de explotaciones sin discriminar por tamaño ni por cómo está gestionada”, explican.
Las industrias lácteas, con el encargo o la complicidad de la gran distribución, están pagando la leche muy por debajo de los precios del resto de Europa y ello a pesar de ser España un país que importa un tercio de las nueve millones de toneladas que consume al año. La nueva PAC tampoco está pensada para la ganadería, por lo que es probable otra pérdida de ingresos si se aprueba con las propuestas iniciales.
Por otra parte, Asaja calificó de “muy insuficiente” y ha manifestado su oposición a los criterios de reparto de la ayuda excepcional al sector lácteo, por importe de 30 millones de euros, anunciada por el ministro y que está en fase de proyecto de Real Decreto. La propuesta inicial perjudica particularmente a las explotaciones en régimen de sociedades que suelen ser las más modernizadas, las que ocupan mano de obra y en las que se han instalado jóvenes ganaderos.
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