El Gobierno ha anunciado que hará «obligatorios» los contratos lácteos y que desatascará los planes hidrológicos de cuenca, al tiempo que ha confirmado la agenda reformista, con cambios en la ley de desarrollo sostenible del medio rural y en la de representatividad agraria.
Son algunos de los anuncios realizados hoy por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su intervención en la Comisión de Agricultura del Congreso, donde ha respondido a 11 solicitudes de comparecencia, una agenda tan amplia que motivó la queja de los grupos de la oposición por lo que consideraban escaso tiempo disponible.
Según ha avanzado Arias Cañete, derogarán el Real Decreto 460/2001 y elaborarán uno nuevo que hace obligatorios los contratos lácteos y refuerza a las organizaciones de productores.
Impulsarán «un pacto nacional del agua», paso previo a la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no pasa, en su opinión, por las «obras faraónicas», ni por las desaladoras del PSOE.
Tras criticar el retraso en la planificación hidrológica -que ha provocado un procedimiento de infracción de la Unión Europea (UE) a España-, ha anunciado que el Consejo Nacional del Agua aprobará este año los planes de las demarcaciones de Galicia Costa, Tinto-Odiel- Piedras, Guadalete-Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño-Sil y Baleares, para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Se modificará la ley socialista de desarrollo sostenible del medio rural por «ineficaz y burocrática», en un calendario reformista que también llevará al Gobierno a cambiar la ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, que obligará a unas elecciones para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
Durante su intervención, ha explicado el acuerdo alcanzado ayer en Luxemburgo sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que mejora las condiciones iniciales barajadas por Bruselas, al tiempo que anunció que este viernes se alcanzará entre Gobierno y comunidades autónomas el acuerdo definitivo sobre la posición española de cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Sobre sectores en crisis como el aceite, y tras resaltar las operaciones de almacenamiento privado, ha defendido su «futuro incuestionable» a través de mejoras en la competitividad, modernización, innovación, concentración de la oferta y exportación.
En su intervención, el portavoz socialista Alejandro Alonso ha preguntado si la futura ley de mejora de la cadena agroalimentaria prevé órganos de control que persigan las prácticas desleales, tras mostrar un folleto de una superficie que promocionaba una botella de 6 litros de virgen extra a 6 euros.
«Es una práctica comercial inaceptable, porque o no es un virgen extra lo que hay dentro del envase o no se trata de un auténtico virgen extra, por lo que debería perseguirse», ha precisado Alonso.
Ha planteado, además, la falta de concreción del Gobierno sobre la fijación de la representatividad agraria y la preocupación del sector por los posibles efectos del acuerdo con Marruecos.
Desde el Grupo Popular, su portavoz de Pesca, Joaquín García, ha resaltado la capacidad negociadora del Gobierno sobre la PPC y su política «rigurosa y seria», mientras que su portavoz de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, ha valorado las iniciativas del Gobierno sobre el agua o negociación colectiva láctea.
La diputada de BNGa Olaia Fernández Dávila ha pedido en su intervención que se garanticen los intereses de la pesca artesanal en la reforma de la PPC y las competencias autonómicas, así como el poder de negociación del ganadero en el caso del contrato lácteo.
Por parte del Grupo Mixto, Ana Oramas (Coalición Canaria) ha exigido un control más exigente de los contingentes y de los precios de entrada de los productos importados por Marruecos, mientras que Joan Baldoví (Compromis) ha mostrado su preocupación por las demandas «especulativas» del agua.
Desde UPyD, su portavoz de Agricultura, Toni Cantó, ha denunciado la situación «dramática» de los agricultores y el descontrol en aduanas sobre los productos que llegan desde Marruecos y la falta de sanciones.
Por parte de Izquierda Plural, José Luis Centella ha pedido que no se «minimicen» los efectos del acuerdo con Marruecos y que se planteen salidas para sectores en crisis como el aceite de oliva, mientras que Laia Ortiz ha reclamado que no haya trasvases financiados con capital privado, sino que se impulse una política «racional» de infraestructuras.
Marc Solsona (GC-CiU) ha incidido en los interrogantes que plantean los recortes públicos para el campo, la reforma de la PAC y el reparto de las ayudas europeas entre los territorios.
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