Esa es una de las iniciativas en las que trabaja el departamento para ayudar al agro. Campesinos temen por la competencia.
Esta semana, el lunes 25 de noviembre, tuvo lugar un importante evento para el sector agrario del departamento: una jornada pedagógica a la que fueron convocados en Tunja alcaldes y secretarios de Agricultura y de Planeación de la región Centro Oriente (conformada por siete departamentos, entre ellos Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes), con la intención de construir una política de Estado para el sector rural del país. La reunión fue consecuencia del Pacto Agrario que surgió como respuesta al paro nacional campesino de septiembre de este año. El Pacto Agrario fue establecido con el decreto 1987 de 2013 y fue un importante marco de referencia en la reunión del pasado lunes.
Cundinamarca busca caminos para mitigar las circunstancias que, de acuerdo con los campesinos de la región, los tienen sumidos en una crítica situación. Según el secretario (e) de Agricultura y Desarrollo Rural, Yesid Orlando Díaz, el objetivo es establecer una producción zonificada y poner en marcha el Censo Nacional Agropecuario. Quizá una de las propuestas más importantes es la que tiene que ver con el municipio de Ubaté y el sector lechero: la financiación de una planta pasteurizadora para beneficiar a 50 asociaciones de pequeños productores. Este es un plan que ya está en conocimiento del gobierno nacional, gracias a un mensaje transmitido por el gobernador Álvaro Cruz.
No todos, sin embargo, están entusiasmados con la iniciativa. Giovanny Pinilla, quien lidera el proyecto del área lechera en Ubaté y Chiquinquirá, señaló que si bien crear una planta podría ser sólo una solución parcial, “poner una fábrica en un sitio donde de hecho ya hay bastantes significaría prácticamente entrar a competir con multinacionales como Alpina, Alquería y Colanta, empresas que ya están posicionadas”. Pinilla cree que la solución debería enfocarse más en el fomento del consumo interno y en evaluar cómo ser más rentables y productivos, pues “nada se gana montando una planta en Ubaté, que además generaría altísimos costos, cuando los precios de la leche a nivel internacional ni siquiera son competitivos”.
La inconformidad se extiende a otros sectores y a algunos líderes y voceros de los campesinos que coinciden en que no se pueden desarrollar políticas públicas para el agro si en el planteamiento de las mismas no se incluye al pequeño campesino, el principal afectado. César Pachón, líder campesino recordado por su intervención en el Congreso de la República en nombre de los agricultores del país, denuncia que de nada sirven tantos esfuerzos si, a la larga, los funcionarios gubernamentales “se reúnen a puerta cerrada para definir lo que debería ser de interés de toda la comunidad”.
Pachón le dijo a este diario que no estaba de acuerdo con el Pacto Agrario por ser “un engaño al campesino”, aduciendo que “no deberían amarrar las aprobaciones de los acuerdos para el mes de mayo (de 2014), pues claramente se nota la intención política de la reelección del presidente Santos para condicionar al campesino. Por esa y varias razones más, no le creemos al tal Pacto Agrario”. Sin embargo, ante el Gobierno tampoco quedaron bien paradas las organizaciones de base, como la cebollera, la cafetera o la papera, que se ausentaron del establecimiento del Pacto en septiembre. Pachón se defiende arguyendo que los delegados de los campesinos ante el Pacto Agrario no los han representado dignamente.
Por otra parte, quienes sí asistieron a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura en Tunja el lunes pasado, como el alcalde de Chipaque, Camilo Pardo —que fue el primero de los mandatarios locales convocados en intervenir—, le pidieron al Gobierno tener más consideración con el campesino en cuanto a la formulación y aprobación de proyectos. “Las entidades nacionales ponen muchas trabas y piden demasiados requisitos que hacen casi imposible la participación del pequeño campesino en el desarrollo del agro”, refutó Pardo.
El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, insiste en dos puntos: uno, que la política pública para el agro debería estar lista para inicios del próximo año, y dos, que en el entretanto y como solución a corto plazo se promueva el autoconsumo en la región. Es decir, generar los mercados a través de granjas integrales autosuficientes, pues en el sector rural no hay recursos para alimentarse adecuadamente. Así entonces, capacitar de manera masiva a las familias campesinas para que tengan sus propias granjas integrales y promover el consumo de productos en la ciudad son alternativas para disminuir la brecha entre los precios al consumidor y al productor mientras se crea la política que reformaría el agro, expresó Cruz.
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