Brigada de apoyo a productores de leche en Ubaté les facilitó acceso a créditos, pero dicen que eso no soluciona el problema principal.
El Ministerio de Agricultura, junto con la Gobernación de Cundinamarca, adelantó esta semana una brigada para entregar créditos y otras facilidades financieras a los pequeños y medianos productores de leche, especialmente a las organizaciones agrupadas en la Federación de Productores de Leche (Fedelac).
Los lecheros de la sabana de Bogotá y todo el valle de Ubaté debían cumplir dos requisitos para acceder a los créditos: que el 70% de sus ingresos familiares se derivaran de la actividad lechera y que fueran dueños o tuvieran un título de arriendo de los predios. “Se trató de una socialización sobre las ayudas que el Estado, a través del Banco Agrario, ofrece al sector”, explicó Marlén Ángel, presidenta de Fedelac y gestora del proyecto. Para Ángel, todos estos apoyos son útiles si se usan bien. “Los interesados deben ser veraces con la información que presentan y usar los recursos para mejorar su producción”, dijo.
Pero Ricardo Ramírez, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Cultura y Turismo de Ubaté, piensa que los créditos son como pañitos de agua tibia y que lo único que puede salvar al sector es convertir a los productores en empresarios. “De qué sirve un crédito si el problema aquí es que no les compran la leche a los campesinos. Las grandes empresas, no contentas con los precios nacionales, que les permiten vender la leche al doble de lo que la compran, prefieren importarla para que les salga más barata”.
La brigada de crédito se desarrolló una semana después de que los productores de leche hicieran un plantón frente al Ministerio de Agricultura, en el que regalaron litros del producto. La “lechatón” del 27 de julio fue una protesta contra los bajos precios a los que compran la leche, los altos precios de los insumos y el acuerdo 22 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que declara reserva forestal al páramo de Gargua y Laguna Verde, donde trabajan muchos de ellos. Estos problemas afectan a trabajadores en municipios como Gachancipá, Suesca y Sesquilé, además de los localizados en el valle de Ubaté, la región más lechera de la zona.
Los problemas de los lecheros
Personas como Camilo Rubiano, empresario del sector, cuestionan al Gobierno, ya que no ha cumplido las promesas hechas a las 400.000 familias que dependen de la producción de la leche. Por ejemplo, desde 2011 se ha anunciado la carretera Ubaté-Lenguazaque, pero después de cuatro años de gestión y $30.000 millones invertidos, la administración departamental decidió que la única forma de terminarla era poniendo un peaje para que los mismos pobladores financien la obra a lo largo de cinco años. La carretera cayó en manos de varios contratistas, como la empresa de ingeniería ICM, investigada por nexos con el carrusel de la contratación. Hoy la Gobernación dice que si los pobladores no aceptan el peaje no se terminará la vía.
Otra de las promesas incumplidas es la llamada Zona de Excelencia Ganadera, que el Ministerio de Agricultura y la Gobernación han promocionado desde 2013. Se trata de un proyecto piloto que invertiría $35.000 millones durante el primer año y $55.000 millones en el segundo año para fomentar el manejo de praderas, así como la comercialización, el manejo de toda la cadena de producción y la creación de valor agregado para la leche colombiana. “Dijeron que iba a ser un proyecto bandera y que nos iba a hacer más competitivos frente a la Unión Europea. Después de eso, ocurrió el paro ganadero y dijeron que todos los recursos los habían gastado solucionando problemas”, explicó Rubiano.
Pero hay otro inconveniente, más difícil de solucionar por su naturaleza ambiental: el acuerdo 22 de la CAR, que declara reserva forestal al páramo de Gargua y Laguna Verde. Frente a la medida, Buenaventura León, secretario departamental de Agricultura, criticó a la CAR al señalar que no puede generar el desplazamiento de los campesinos que viven y trabajan ahí. “Deben tener un plan de choque, que les enseñe a cultivar orgánicamente y que adecúen sus prácticas para que sean compatibles con el medio ambiente”. Agregó que todos deben tener en cuenta que es rentable cuidar el agua, ya que en el futuro se les pagará por ella.
A todo esto se suma el tema de los insumos, que en su mayoría son importados. Sus precios son un dolor de cabeza para los productores de leche y hay visiones opuestas sobre cómo arreglar el problema. Para Rubiano, la solución sería bajar el precio, disminuyendo los aranceles. “La baja de aranceles de 2013 benefició sólo a los comercializadores”, dijo.
Por el contrario, Ramírez dice que es imposible controlar los precios, ya que obedecen a las normas del mercado internacional. “Gracias a la subida del dólar, el precio de los insumos ha crecido 20% este año. Esto no es culpa del Gobierno sino de las dinámicas internacionales”, dice Ramírez. Para él, la solución a largo plazo es que el sector se vuelque hacia la industrialización.
Parque industrial: ¿solución?
La Universidad de La Salle acaba de entregar los estudios necesarios para desarrollar el Parque Industrial de Ubaté, un macroproyecto en el que Fedelac, junto con el municipio de Ubaté y la Gobernación, viene trabajado desde 2012. Sería una empresa de economía mixta, con un área de 100 hectáreas y que crearía 50 empleos por hectárea. Habría cultivos inteligentes, un tecnoparque para la capacitación en agroindustria y cultivos orgánicos, así como maquinaria para hacer lácteos con denominación de origen, como quesos de trópico y otros productos terminados, que les den a los campesinos las utilidades de los bienes con valor agregado. “Hay muchos clientes para los productos lácteos. Una vez procesada, a la leche le duplican el valor. El problema es que los campesinos nunca ven ese dinero y por eso se encuentran en aprietos para producir la materia prima”, dice Ramírez.
El municipio de Ubaté proporcionará el terreno y lo único que falta para comenzar es que el Gobierno desembolse los $30.000 millones que cuesta el proyecto. Se calcula que el parque generaría $2.000 millones anuales en impuestos y trabajo para los más de 4.000 dependientes del sector una vez terminado. “El parque industrial es nuestro sueño. El ideal. Sería una satisfacción que nosotros mismos pudiéramos producir y transformar la materia prima para quedarnos con los dividendos. Tendríamos una marca propia como Colanta o Alquería y podríamos competir a nivel mundial”, concluye Marlén Ángel.
Si el Gobierno apoya la iniciativa y además suple su mercado institucional con estos productos, el sector tendría alternativas para salir de la bancarrota.
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