El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se reunió en Bogotá con el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que existen fuertes evidencias de que grupos armados están detrás de las protestas sociales anunciadas para el próximo lunes en diferentes zonas del país.
El mandatario denunció que fuerzas ilegales quieren ‘obligar’ a sectores como los cafeteros para que apoyen el paro nacional agrario anunciado para ese día, en el cual participarán además organizaciones sociales, camioneros y mineros.
‘Hay una intención de grupos armados ilegales para que los cafeteros, o ciertos cafeteros, participen en el paro a la fuerza, constreñidos. Y esa denuncia la hemos recibido desde varias fuentes’, manifestó el jefe de Estado.
Aseguró que ‘en muchos departamentos (colombianos) están apenas iniciando la cosecha y si hay paro, pues sería una especie de suicidio’ para los productores.
El mandatario sostuvo que los representantes del sector se oponen al paro agrario y han hecho un llamado a los cafeteros que promueven la protesta ‘para que de ninguna forma estimulen a los que pueden estar siendo usados como idiotas útiles’.
Santos hizo el pronunciamiento tras reunirse este miércoles en Bogotá con el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, para analizar la situación del gremio caficultor.
A la movilización se han unido cultivadores de café, cacao, algodón, papa, arroz y maíz, además de productores de lácteos, los cuales piden apoyo estatal para mitigar la crisis por la apertura de mercados y la caída en los precios.
En el caso de los mineros, Santos ha insistido en los últimos días, que grupos interesados en la minería ilegal azuzan a quienes trabajan en esa actividad para que mantengan los bloqueos a vías como presión.
Según Santos, fuerzas al margen de la ley ‘azuzaron a los mineros artesanales para irse a un paro’ para que ‘exijan que se derogue el decreto que permite la destrucción de la maquinaria que está dañando el medio ambiente’.
La norma aludida faculta a las autoridades a destruir los equipos con los que se realiza la minería ilegal, la cual, según el gobierno, sirve para financiar a los grupos armados en Colombia.
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