La referida acusación de actuación anticompetitiva es importante, y si los antecedentes son fundados, debieran ser llevados ante la FNE, para que opere la institucionalidad competente para zanjar este tema…
Los productores de leche han denunciado que el precio al que las empresas procesadoras reciben su producto habría bajado, desacoplándose del precio internacional, que evoluciona al alza. A su juicio, sería un comportamiento irregular, a resultas de la excesiva concentración de poderes de compra, que favorecería el abuso. La principal empresa procesadora nacional ha señalado que ella no ha bajado el precio y que opera con estricto apego a la libre competencia. Es este un conflicto de larga data entre productores y procesadores.
Por ser un insumo, la demanda por leche cruda es una derivada de los productos que se elaboran con ella, como la leche pasteurizada, el queso o el yogur. En un escenario teórico de competencia perfecta, las variaciones en el precio internacional del producto final se traspasarían inmediatamente al precio interno del insumo. Pero esa competencia perfecta no existe, y en mercados reales, con fricciones y dinámicas de ajuste complejas, se observan precios desacoplados. Si el mercado es competitivo, lo esperable es que las divergencias no se mantengan en el tiempo. Se precisa, pues, un análisis muy fino para distinguir un desacople de precios en competencia, de otro que sea fruto de conductas anticompetitivas. Esto último es un riesgo siempre presente en mercados como el de la leche cruda, en que el poder de compra se encuentra altamente concentrado, la oferta está atomizada, el producto es perecible y los costos de transporte son relevantes.
Por eso, este mercado ha sido analizado varias veces por las autoridades de libre competencia y se han establecido exigencias a las principales empresas procesadoras. Estas medidas fueron impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 2004, e incluyen la obligación de mantener listados de precios según parámetros objetivos, anunciar anticipadamente los cambios de precios, e informar regularmente a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre sus clientes. En ocasiones, los productores han denunciado el incumplimiento de estas medidas, pero las causas han sido archivadas por falta de mérito. La intensidad de la competencia en el mercado también fue analizada por la FNE en 2011, con ocasión de la frustrada fusión entre Nestlé y Soprole. Un resultado interesante fue que las series largas de precios tenían alta correlación —señal de competencia—, pero en períodos específicos de alza del precio internacional, el mercado se comportó de modo distinto de como lo venía haciendo previamente, y dichas alzas se traspasaron menos que las bajas, lo que podría sugerir un ejercicio de poder de compra oligopsónico. En todo caso, la referida acusación de actuación anticompetitiva es importante, y si los antecedentes son fundados, debieran ser llevados ante la FNE, para que opere la institucionalidad competente para zanjar este tema.
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