Es ya casi una constante que los temas de propiedad intelectual se vuelvan críticos en cualquier negociación internacional, no sólo por las implicaciones que suelen tener de cara a las modificaciones internas que significan los compromisos contraídos, sino de manera particular porque en el proceso de negociación salen a relucir contradicciones internas de posiciones de los diversos sectores y jugadores.
Me explico. En nuestro país es claro que existe un amplio sector de productores de bebidas alcohólicas protegidas por denominaciones de origen como tequila, mezcal, sotol, bacanora y charanda, que tienen claros intereses en que la protección a este tipo de productos típicos se reconozca y extienda a todos los territorios en el que pueda existir un mercado; en ese sentido, todos los acuerdos internacionales orientados a expandir la cobertura serán aplaudidos y apoyados.
Esa, sin embargo, no es una posición compartida por otros grupos y sectores como son los productores de lácteos, que por décadas han utilizado nombres europeos de quesos de manera indiscriminada como manchego, feta, camembert, parmesano, mozzarella, roquefort o brie, y que de darse eficacia y vigencia a legislaciones tutelares de indicaciones geográficas verían seriamente diezmadas sus ventas.
Otro rubro en el que también se observan posiciones encontradas a nivel doméstico son las vinculadas a vigencia de patentes, particularmente en el caso de las otorgadas para medicamentos. Dado que diversas farmacéuticas importantes residen en el Viejo Continente, existe la exigencia de aceptar que la vigencia de 20 años de una patente se pueda prolongar cuando los trámites de autorización sanitaria para la venta del fármaco se hayan extendido injustificadamente, cancelando años de disponibilidad del mercado exclusivo que brinda la patente. En este punto los fabricantes de productos genéricos que residen en el país están en contra, mientras que los laboratorios de investigación están a favor de la mayor cobertura.
Otro aspecto de clara controversia, en el que no nos ponemos de acuerdo desde hace más de cinco años con motivo de las discusiones del ACTA, es el de potenciar acciones legales de restricción a sitios y usuarios ilícitos de contenidos en internet, que han confrontado a sectores completos de la sociedad con autoridades y organismos del sector. En el discurso defendemos derechos de propiedad intelectual, pero en la práctica dejamos hacer y dejamos pasar, sin asumir los puntos claros de legislación que deben anclar acciones jurídicas de contención.
Sorprende que al perder la agenda que Estados Unidos nos imponía en las negociaciones internacionales, nos enfrentemos a la incertidumbre de decidir por nosotros mismos. Es claro que, si queremos negociar con otros, debemos primero negociar entre nosotros para decidir cómo y hacia dónde.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/obliga-negociacion-con-europa-a-adoptar-posiciones-en-propiedad-intelectual.html
