En los “meses calientes” —es decir, abril y mayo— es cuando se presenta el fenómeno de la sobreproducción de leche en México. Pero ahora mismo, fuera de temporada, los estados lecheros de la República Mexicana además resienten los efectos de la caída de los precios.
¿La Laguna contra El Bajío? Los precios bajos y la sobreproducción han desatado una guerra de baja intensidad que ahora traslada sus efectos a las autoridades estatales y federales. Los productores de Aguascalientes, a principios de la semana, se apersonaron ante el gobernador Carlos Lozano de la Torre para plantear su dilema y conseguir su apoyo.
Paradojas de la industria agroalimentaria mexicana: cuando más producen, menos les pagan. “¡No los veo todo el año, pero cuando hay problemas aquí los tenemos”, comentó lacónico el mandatario priista, quien para mediados del primer mes del 2016 ya tenía evidencia del problema.
En Aguascalientes, de acuerdo con informes de las autoridades estatales, la sobreproducción es de 250,000 litros de leche, de una producción diaria de casi 2 millones de litros. Esa entidad es la sede de GILSA, que recientemente atravesó por serios problemas, derivado de la crisis que se vivió en su Consejo de Administración. Un grupo de accionistas, conformado por más de 290 ganaderos que concentraban 64% de las acciones del grupo, solicitó apoyo a las autoridades federales y locales para demandar claridad y transparencia en la gestión de la empresa.
Desde entonces, la viabilidad de GILSA —o Leche San Marcos, como se le conoce comercialmente— estaba en vilo. ¿Dónde está el problema? La venta de la planta de San Marcos, donde se recogían aproximadamente 750,000 litros de la leche diariamente, cambió drásticamente la correlación de fuerzas, aunado a que las demás comercializadoras e industrializadoras de leche hidrocálidas no pudieron absorber la producción. Inicialmente, la administración estatal comenzó a realizar gestiones con otras empresas, de la talla de Nestlé. Y también acudió a otras entidades, como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, para colocar los excedentes. Un negocio caro, porque deben asumir el costo del traslado.
Una solución de corto plazo que ha provocado problemas que debe atender la Federación, pues los productores de Chihuahua ya se quejaron por la intromisión de los productores del Bajío. Y es un problema con bastante jiribilla, pues en la intermediación ha tenido que participar Liconsa, de Héctor Pablo Ramírez Puga.
Un problema que comienza a volverse crónico. Justo hace seis meses, los productores de leche de Aguascalientes habían solicitado al gobernador Lozano de la Torre que negociara con Liconsa, a fin de que la dependencia federal recibiera los volúmenes pactados del producto.
Y es que entonces habían sido notificados de una solicitud de disminución de compra de leche de los centros de acopio Granjas Fátima y Pabellón de Arteaga, donde son entregados 138,300 litros diarios de leche.
La transversalidad de este problema involucra a la Sedesol, a la Sagarpa y por supuesto a la Secretaría de Economía. Y mientras no se estabilice este conflicto comercial, seguirá la guerra entre los productores.
EFECTOS SECUNDARIOS
VISITANTE. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llega a la Ciudad de México. Además de acudir a la sede del Senado de la República, dictará una conferencia magistral en la Facultado de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, en Naucalpan.
CONSTITUYENTES. Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, José Narró Robles y Manuel Granados están dentro del grupo que, por encargo de Miguel Ángel Mancera, redactará el texto de la primera Constitución Política de la Ciudad de México que el jefe de Gobierno someterá a la consideración de los 100 asambleístas. Muchos dan por descontado que estos notables defenderán su propuesta, en el trabajo legislativo. En la fracción mancerista también estaría el actual presidente del PRD capitalino, Raúl Flores; entre los senadores del PAN estaría Gabriela Cuevas Barron.
PEOR, IMPOSIBLE. En la Semarnat, que encabeza Rafael Pacchiano, apostaron a que el “puente largo” distraería a la opinión pública, pendiente del ecocidio en el Malecón Tajamar. Enterada de la decisión del Fonatur, que dirige Héctor Gómez Barraza, de realizar los trabajos de limpieza en el predio de marras, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, advirtió oportunamente sobre los escenarios probables —todos adversos— en caso de que la oficina a cargo de Franco Carreño procediera al desmonte del manglar. La acción furtiva de los empleados federales despertó el enojo de las ONG y ecologistas. De la descoordinación a la confusión y finalmente al descrédito. En uno de los escándalos que marcará al sexenio, este asunto sólo ha dejado heridas en las filas oficiales, con un extraño silencio de las autoridades municipales y estatales. Y del PVEM. La suspensión definitiva otorgada por un juez frenó el proyecto inmobiliario, que de todas formas deberá ser modificado, ante la caducidad de los permisos.
CREDITO:
Alberto Aguirre M.
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