La Xunta ve que le permitirá poder llevar a cabo «sanciones» en caso de detectar irregularidades.
El presidente de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Ramón Artimne, ha valorado la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto sobre precios de cesión de la leche entre industria y distribución, una herramienta «clave» pero que «costará» poner en marcha. Así lo ha asegurado en declaraciones a Efeagro tras conocer la aprobación de dicha norma en la que se detalla que los fabricantes de leche líquida envasada de vaca deberán presentar en los primeros 20 días del mes ante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la información solicitada sobre la leche comercializada en el mes anterior. Para Artime, este Real Decreto demuestra que «una vez más» el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) «se implica» con el sector.
Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque se atiende a una reivindicación «muy necesaria» que se pidió «hace meses».
Según el presidente de Inlac, se trata de un texto normativo «consecuencia» del acuerdo para la sostenibilidad del lácteo -firmado en septiembre-, de «trabajos posteriores» y de la «predisposición» del Magrama para «darle claridad y transparencia» al lácteo.
La Xunta la e una «buena noticia» para dar estabilidad al sector
Por su parte, la consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, consideró una «buena noticia» la aprobación del Decreto y dijo que esta medida permitirá dotar de «estabilidad» al sector y darle «mayor transparencia» en el mercado.
«Es la única fórmula que tenemos para dar un mínimo de estabilidad y de transparencia en el mercado», ha subrayado, y se mostró satisfecha porque el Consejo de Ministros haya aprobado hoy esta norma que «permitirá dotar de mayor transparencia al sector en toda la cadena de valor», afirmó.
«Conoceremos a qué precio compra la industria la leche a los ganaderos y a cuál lo vende a la distribución», apuntó Vázquez, e indicó que eso permitirá saber «el precio que la distribución paga a la industria», circunstancia que, en su opinión, favorecerá «la transparencia y poder obtener los gastos en la cadena alimenticia». El nuevo Decreto, ha abundado, permitirá a su vez la Xunta poder llevar a cabo «sanciones» en caso de detectar irregularidades.
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