Miguel Blanco, secretario general de Coag justifica la negativa de su organización a sumarse al acuerdo lácteo asegurando que no garantiza unos precios remunerativos rentables para los ganaderos y lo define como «una operación de marketing mediático extraordinario que ha nacido cojo».
¿Se arrepiente de no haber firmado el acuerdo?
La decisión fue meditada y consensuada en la organización y hubo unanimidad. No sólo no nos arrepentimos, sino que creemos que hemos hecho lo que debíamos. Nosotros no respondemos a otros intereses que a los de los ganaderos y está claro que en ese texto no están defendidos, ni siquiera reconocidos. El problema de los ganaderos es que están cobrando por debajo de los precios de producción. Y la solución es que haya unos precios remunerativos rentables y eso no se garantiza. Es un acuerdo de buenas voluntades que no ofrece seguridad jurídica, no tiene régimen sancionador y no hace ninguna referencia, no ya a precios, sino a costes. Las dos organizaciones que no lo hemos firmado representamos al 70 por ciento de los ganaderos, pero es que el 90 por ciento no lo apoya.
Pero el Ministerio dice que los precios no se pueden fijar?
No aceptamos que no pueda haber ninguna referencia a precios con el argumento de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no lo permitiría. Yo trasladé a la ministra directamente que se incluyera una referencia a la Ley de la Defensa de la Competencia, que en el artículo 2 deja muy claro que hay abuso de posición dominante cuando los precios se imponen de una manera no equitativa. Es el caso que se da en el sector lácteo. Pedíamos una referencia a esa Ley porque unos precios irregularmente bajos por debajo de coste va contra la libre competencia. Están obligando a los ganaderos a vender a pérdidas. Y ahí debería actuar la CNMC y ese documento ponerlo muy claro: se va a perseguir a toda industria que contractualice con precios por debajo de costes y por tanto hay que establecer cuáles son.
¿Y qué marco legal se puede dar a esa propuesta?
El primer documento que presentó el Ministerio en agosto era mucho más completo, pero la industria obligó a cambiarlo. Hablaba de costes de producción y de que los precios de los contratos deberían cubrirlo. Eso era un avance y se eliminó. Lo que se ha firmado sólo habla de sostenibilidad de las explotaciones y eso es filosofía. Nosotros decíamos que no se trata de establecer precios finales, sino de fijar el compromiso de cubrir costes, y luego el Ministerio, a través del Observatorio de la Cadena, establecer una horquilla y que todos los contratos los superaran necesariamente. No pedíamos que para todos los ganaderos se establezca un precio.
¿En qué horquilla nos moveríamos?
Entre 30 y 34 céntimos. Un estudio de la propia Inlac -la interprofesional láctea que agrupa a industria y productores-, habla de un mínimo de 30 céntimos para que el ganadero salve costes. Pedimos que se incorporara ese estudio. ¿Contra eso irá la Comisión de la Competencia? No puede ir contra un establecimiento de precios que sea cubrir los costes porque no cubrirlos sí que va contra la libre competencia. Que no jueguen con esto, que nos están engañando. Directamente el Ministerio se está plegando a los intereses de la industria y de la gran distribución. Ha modificado la primera propuesta sólo porque ha querido hacer toda una operación de marketing mediático extraordinario con una firma universal, no sabemos con qué intencionalidad, pero hay muy próximas unas elecciones. No queremos pensar que haya habido algún interés al respecto. Pero la ministra ha tenido un problema y es el rechazo de dos organizaciones que representamos al 70 por ciento del sector, con lo cual el acuerdo ha nacido ya cojo.
La ministra dijo que iba a notarse desde el primer momento. ¿Ha sido así?
En absoluto. Es más, a primeros de septiembre alguna industria bien conocida suscribió contratos para el último trimestre del año inferiores a los que ya tenía. Y que sepamos no los ha modificado después del día 23, pese a que uno de los compromisos del acuerdo fue que se rompieran los contratos con condiciones a la baja y se suscribieran unos nuevos. Pero no se ha movido nada.
Lo que ha ocurrido con la leche se está produciendo en el sector del conejo. ¿Está fallando la Ley de la Cadena Alimentaria?
En el tema del conejo, como del pollo, la coyuntura ahora es muy grave. En el primer caso los costes están en torno a 1,8 euros por kilo y se está pagando a 1,50. La situación es catastrófica. Pero también con los cereales, la carne de porcino… Nosotros dimos y damos el respaldo a la Ley, aunque criticamos en su momento que se dejasen algunas lagunas importantes, como es el de la venta a pérdidas, uno de los grandes problemas que tenemos, con la banalización de los productos como reclamo. Pero entendíamos que daba cierta seguridad jurídica, que actuaba contra posiciones de dominio con la obligación de los contratos, el pago a 30 ó 60 días. ¿Por qué esto sí y el acuerdo lácteo no? Muy fácil, porque esto es ley y lo otro es un acuerdo voluntario, que no suelen cumplirse. Nosotros valoramos de forma muy positiva la labor de la Agencia de Control Alimentario, de su director y de todo el equipo, y estamos pidiendo al Ministerio que la refuerce con presupuesto. Se está haciendo una labor extraordinaria. Sabemos que el efecto definitivo será a medio plazo porque después de una dinámica de décadas en las que no ha habido ninguna regulación no puede ser a corto plazo. Por tanto, la Ley no está fracasando, aunque es verdad que no está produciendo todavía los efectos deseados.
¿Qué valoración hace del aval de la Comisión Nacional de la Competencia hacia la venta a pérdidas?
Es una decepción enorme. Aunque sea un organismo autónomo, depende del Ministerio de Economía, y estamos convencidos de que sigue unas estrategias generales del Gobierno. Que ante una caída del poder adquisitivo se mantengan unos precios asequibles para que los ciudadanos en peor situación puedan acceder a la alimentación nos parece razonable. Pero decir que eso sea a costa de la venta a pérdidas es la negación de la función propia de la Comisión, encargada de defender la libre competencia. No se tienen que inventar nada, la venta a pérdidas está perfectamente regulada y es ilegal.
¿Por qué los ganaderos son incapaces de agruparse en organizaciones de productores o apostar por el cooperativismo?
Un ganadero, como cualquier empresario o autónomo, tiene derecho a una remuneración adecuada por sus producciones para mantener la rentabilidad. No sé por qué el hecho de no estar en una cooperativa o en sociedad anónima me tiene que penalizar. Pero nos movemos en el mercado y sabemos que si trabajamos de forma individualista tenemos muchas más dificultades. Desde Coag hemos defendido siempre las cooperativas. Intentamos potenciarlas y que haya políticas para ello. Un agricultor o ganadero por sí mismo no tiene capacidad de presión y, por lo tanto, se tiene que agrupar. Tenemos que hacer como productores un juicio de lo que hemos hecho mal. Pero también estamos advirtiendo a la administración que vigile porque algunos se están intentando cargar cualquier estructura de organización. En el sector lácteo hay industrias que están penalizando a las cooperativas y se les está pagando menos y amenazando con no recoger la leche para afianzar su posición de dominio. Decimos sí a las cooperativas y a fomentar las interprofesionales, pero con leyes que favorezcan los derechos de los productores. No estamos organizados y eso es en parte responsabilidad nuestra, pero en gran parte es culpa de leyes que favorecen la desregulación, la atomización y que nos ponen a los pies de la industria.
¿Se está impulsando adecuadamente la incorporación de jóvenes al medio rural?
Tan sólo el 5 por ciento de los activos agrarios tiene menos de 35 años, mientras un 33 por ciento supera los 65. En el sector hay 330.000 jubilados y por cada agricultor de menos de 35 años hay diez de más de 55. En una década, si no invertimos esta pirámide, el sector se desploma. Tan sólo un 3,5 por ciento de los perceptores de la PAC son menores de 35 años. Esta situación no se puede mantener, porque las inversiones en la agricultura, la innovación, la investigación requiere de gente joven con un tiempo suficiente para amortizar sus inversiones. Hay que hacer políticas activas, pero la nueva PAC plantea una ayuda en el primer pilar para los jóvenes. Nos parece bien que a los jóvenes se les haga una discriminación positiva, pero no a costa del presupuesto de la PAC de todos los demás. También ha aumentado la ayuda directa a la incorporación en el segundo pilar, pero eso depende de los programas de Desarrollo Rural y de las iniciativas de las Comunidades, y no todas tienen la misma sensibilidad, ni quieren gastar el mismo dinero.
¿Responde la nueva PAC a los retos a los que se enfrenta la agricultura española?
En absoluto. Es verdad que se aumentó la propuesta inicial porque la tasa plana hubiese sido un desastre absoluto. Pero aparte de eso, la PAC no es más de lo mismo, sino más de lo peor de la anterior: desregulación absoluta, desaparición de prácticamente todos los mecanismos de intervención y acuerdos bilaterales que nos están llevando a un liberalización de los mercados. Todo a cambio de unas ayudas muy parciales y distribuidas de manera injusta. Que 3.600 explotaciones cobren tanto como 500.000 no tiene ningún sentido, como tampoco que 440.000 explotaciones, los pequeños productores, cobren menos de 1.250 euros. Está desajustado. ¿Por qué se sigue manteniendo 830.000 solicitantes de la PAC cuando los que estamos cotizando a la Seguridad Social Agraria somos 300.000? Aquí se han dado las ayudas con carácter proselitista en vez de regulatorio porque interesaba a los gobiernos de turno. Y se están repitiendo esas políticas. Cuando para el cobro de la PAC sólo se establece como condición que sólo el 20 por ciento de lo agrario sea de producción propia y no de ayudas, es un coladero. Si además se deja la puerta abierta de que si eso no se cumple con el mantenimiento de la explotación es suficiente, es un tongo.
Terminamos legislatura. ¿Qué valoración hace de la actuación del Ministerio?
Además de la interlocución, que la ha habido, hay que reconocer que el Ministerio ha hecho un trabajo potente en relación a los fondos de la PAC y a la Cadena Alimentaria. El gran problema es que lo resultante de todo eso está muy condicionado por una visión que se resume en lo que Cañete decía y era que no importa tanto si el productor se sube al tractor o es el notario de la villa, sino lo que se produce. Eso es todo una orientación política de qué modelo de agricultura se pretende. Este Ministerio no ha defendido un modelo social ni profesional, sino el de una agricultura sin agricultores, y se envejecerá el sector, perderemos potencia productiva en materia agroalimentaria y algo que es fundamental, prosperarán, y ya lo están haciendo, sociedades anónimas mercantiles que están sustituyendo a los profesionales autónomos o políticas de integración que convierten a los agricultores y ganaderos en meros ofertantes de servicios.
¿Qué papel tienen que jugar las nuevas tecnologías en el desarrollo del sector?
La nuevas tecnologías y la investigación en general tienen que ser prácticas. Lo que queremos es que todas las políticas de investigación e innovación nos tengan en cuenta como actores principales, no sólo como destinatarios finales; que participemos desde el minuto uno en la orientación de esos programas para que sean prácticos y no sólo estudios científicos. Las nuevas tecnologías no sólo son compatibles, sino que garantizan la sostenibilidad y nosotros no queremos perder ese tren. Al igual que ocurre con la ciudadanía en general, el sector se está adaptando de manera exponencial a la era digital; no sólo los jóvenes, sino los profesionales de mediana edad, y les estamos dando formación. En los próximos 10 años vamos a ver que la capacidad de adaptación del sector va a ser extraordinario.
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