La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, confirmó que la intención del gobierno local es «compaginar la legalidad con la actividad económica» en lo que se refiere a la planta de Leche Río en O Ceao, sobre la que pesa una orden de demolición ratificada por el Tribunal Constitucional.
Méndez reconoció que el Ayuntamiento de Lugo todavía no conoce los pormenores de esa sentencia, pero afirmó que, cuando sea posible, el gobierno local y la asesoría jurídica la estudiarán «detallada y minuciosamente» para «ver las opciones».
La alcaldesa prefiere mantener, hasta que ese análisis se produzca, una situación de «máxima prudencia», especialmente porque se trata de una empresa «muy importante», no sólo para Lugo, sino también «para la provincia», habida cuenta de cuál es su actividad.
En todo caso, afirmó que el Ayuntamiento de Lugo y el gobierno local siempre mantendrán el máximo «respeto a los procedimientos».
El propietario de Leche Río, Jesús Lence, afirmó ayer que si existe «voluntad» por parte del Ayuntamiento, la planta de envasado sería «legalizable», por lo que ahora espera una respuesta por parte del gobierno local para tomar una decisión.
Si no puede legalizar la situación de la fábrica, amenaza con deslocalizarla y llevarla incluso a un municipio fuera de Galicia.
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