Víctor de la Fuente, productor de leche de Villamoros, cierra su granja después de 24 años.
«La industria dice que ordeñar en España en la actualidad es inviable» y, dados los precios de la leche y otros problemas de carácter personal, Víctor de la Fuente, ganadero de vacuno de leche de Villamoros (municipio de Mansilla Mayor), ha decidido que no continúa en el oficio que le ha dado comer durante los últimos 24 años, desde que tenía 17, cuando decidió mantener la granja que le dejó su padre con 17 vacas de ordeño.
La explotación contaba ahora con «cerca de 200 vacas» y más de un centenar partieron la semana pasada con destino al matadero. Otras 30 novillas saldrán de la explotación en estos días, cuando «termine el saneamiento ganadero» y el resto, «terneras y hembras de menos de un año, están para inseminar y la idea es venderlas según vayan preparándose para el parto». El granjero espera que en un año no queden ya animales en su explotación, ya bastante vacía. Con el cierre se pierde un empleo fijo y otro eventual para el verano.
«Es una decisión dolorosa, pero no quedaba otra. Han sido 24 años remando por tener algo y, al final, no han servido para nada». Además, la primavera «viene muy complicada. Me contaba un empleado de banca de Valladolid que le llamaron unos ganaderos de Saldaña, que son clientes suyos, a los que una industria que trabaja con la entidad dejará de recogerles la leche el 1 de abril. Él trató de mediar y desde la empresa le dijeron que ordeñar ahora en España es inviable».
De la Fuente fue ampliando la explotación que heredó. Invirtió en la compra de cuota hasta alcanzar un cupo «cercano a los 500.000 litros, que pagué a 60 pesetas unos, otros a 70 e incluso hubo algunos a 100. Una millonada en pesetas, para nada». Redondeando a la baja, el de Villamoros pagó no menos de 30 millones de pesetas en derechos de producción, necesarios para producir hasta la liberalización del mercado del pasado 1 de abril.
La ganadería de De la Fuente fue una de las que sufrieron la espantada de Leche Río a principios de 2015. La necesidad de sacar la producción le llevó a vender su producción a un intermediario «a 26 céntimos el litro, cuando Quesos Entrepinares la pagaba a 33. En julio, agosto y septiembre no llegué a los 24 céntimos por litro y ya noviembre me la empezó a recoger un señor de Mayorga, a un precio mejor». Aguantó vendiendo a leche por debajo de su precio de producción «desde el día 1 de febrero al último de noviembre del año pasado. Lo peor son los intermediarios. Estar en manos de alguien que sólo mueve la leche y la vende más cara que el productor», señaló con especial amargura. «Los intermediarios deberían desaparecer».
Los precios que percibió desde el inicio de la campaña hasta el final de julio le permitieron solicitar la ayuda de mínimis que aprobó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se otorgaba 110 euros por vaca si el precio de venta durante el periodo abril-julio se situaba por debajo de los 0,285 euros el litro —podía ser incluso de 300 euros por res para precios por debajo de los 0,259 euros—. Asegura que no ha cobrado el subsidio que le correspondió en el reparto —al superarse la dotación presupuestaria de la ayuda, la cantidad se prorrateó entre los beneficiarios— y está a la espera de que se resuelva un recurso que presentó a través de su sindicato, Ugal-UPA.
En su zona conoce a un ganadero que también «está quitando las vacas, en la Cea-Esla tienen unos precios muy malos y para esta primavera industrias como Pascual o San Vicente han anunciado bajadas del precio de 3 céntimos por litro».
A Víctor de la Fuente le queda la agricultura —«aunque, vista la situación, no va a haber quien se coma la producción»—, en los terrenos en los que «producía todo para ellas» —se refiere a sus vacas—.
Cultivará alfalfa —que ya sembraba—, trigo «y también habrá que poner algo de maíz, pero al precio que está no merece la pena. En general, los precios en el campo están tirados». También tiene pendiente vender el ganado que queda, reses que pueden interesar «a quien haya tenido vaciado sanitario o a quien percibió una ayuda de la Junta y aún tiene que mantener la actividad para que no le exijan su reintegro».
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