Clamor en el campo gallego ante la falta de soluciones de las autoridades de la UE.
El cambio de un mercado plenamente intervenido a otro liberalizado, sin mecanismos de transición, le ha hecho un roto al sector lácteo. El exceso de producción y el hundimiento de los precios que afecta en mayor o menor en medida a toda Europa cuestiona el modo en que finalizaron las cuotas hace justo un año. Y también la forma en que se puso fin al resto de mecanismos de regulación, como los precios de intervención para leche en polvo y mantequilla. Precisamente, España había propuesto ahora subirlos, pero la UE se ha negado. Solo accede a doblar el almacenamiento de toneladas para dar más salida al excedente.
En sus últimas decisiones, Bruselas rechaza aplicar soluciones de forma coordinada, quizás temerosa de que sea una forma de reconocer que ha fallado, y traspasa ahora a los Estados miembros la responsabilidad de decidir si bajan la producción de leche. Una recomendación que mete a Galicia en un problema monumental: se plantea justo cuando la comunidad ha marcado su récord. En enero se entregaron 221 millones de litros de leche, un incremento interanual del 3 %, aunque inferior al 10 % de Andalucía, el 7,2 % de Castilla y León o el 8,2 % de Cataluña.
El campo gallego es un clamor contra la falta de propuestas de la Comisión Europea. El sector advierte del riesgo de que en un mercado único, como el europeo, cada uno decida a su manera. «De nada serve que nós, que producimos menos do que consumimos, baixemos produción se Francia non o fai», advierte Javier Iglesias, portavoz de Ganadería de Unións Agrarias. Los productores advierten del incierto panorama que se abre si se deja en manos de cada país esta decisión, lo que podría acelerar el riesgo de deslocalización de la producción. «A UE danos a posibilidade de autoregularnos nós para baixar producción, pero de nada serve se o facemos aquí e non o fan os outros», advierte Francisco Bello, de Asaja Galicia.
La conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, animó ayer desde el Parlamento a todo el sector gallego a unirse y ganar músculo, y asumir así lo que marca la UE.
Las dudas sobre cómo se adoptó la transición en el sector lácteo en la UE coinciden con un descenso en el consumo. Una tormenta perfecta. Y las menos de nueve mil explotaciones que permanecen en activo afrontan una primavera llena de nubarrones, una estación en la que se avecinan fuertes tensiones en la recogida. Con los precios en mínimos históricos -el valor medio está en 0,28 euros el litro- el principal riesgo que afrontan ahora las explotaciones es que una gran parte de su producción se pague ahora con un segundo precio, para leche en polvo. Es decir, podrían vender parte a 0,28 pero otra se la recogerían a 0,17 el litro. Algo que ya está sucediendo.
Competencia critica con dureza el acuerdo sectorial firmado hace ya seis meses
Por si fuera poco la grave crisis de precios que amenaza la viabilidad económica de buena parte del sector productor gallego, el acuerdo lácteo firmado en España el pasado mes de septiembre para tratar de cohesionar por fin a todo el sector ha suscitado durísimas críticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En un informe hecho público ayer, el organismo cuestiona uno de los objetivos que perseguía el pacto y que era conocer los llamados precios de cesión. Es decir, cómo paga el producto cada eslabón de la cadena -la industria al productor, y la distribución a la empresa envasadora-, lo que permitiría conocer quién actúa con visión de conjunto y quién actúa solo en función de su cuenta de resultados.
Sobre el decreto, la CNMC dice lo siguiente: «Introduce un exceso de transparencia en la información comercial sensible de los operadores del sector lácteo. Pese a las garantías formales de confidencialidad, los riesgos son muy elevados. Los efectos nocivos, además de para nuevos entrantes y operadores de industrias relacionadas, recaen en última instancia en el consumidor en la forma de potenciales aumentos de precios».
Este organismo público, aunque no tumba el decreto, se atreve a cuestionar los contenidos del acuerdo al entender que no hace frente a los factores estructurales que han desencadenado la crisis láctea. Un posicionamiento que nada tiene que ver con su función como garante de la competencia y que corresponde a quien ejerce la facultad de Gobierno.
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