La explotación tipo de la Comunidad autónoma tiene unas 70 u 80 productoras.
El Real Decreto que regulas las ayudas «de minimis» —aquellas que los estados de la Unión Europea no necesitan comunicar a la Comisión Europea por escasa repercusión en la competencia— para compensar las dificultades económicas que atraviesa el sector lácteo entra hoy en vigor.
El subsidio se dirige a las explotaciones que en los primeros cuatro meses de esta campaña —de abril a julio, ambos incluidos— hayan realizado entregas de leche a compradores sin alcanzar los umbrales de rentabilidad que contempla la Red Nacional de Granjas Típicas (Rengrati). La ayuda se otorga en función de los animales subvencionables, es decir, las hembras de aptitud láctea mayores de 24 meses, y asciende a 300 euros por cada una de estas reses cuando el precio de la leche no haya sido suficiente para alcanzar un beneficio efectivo, y será de 110 euros por res elegible si no llegara al beneficio por cuenta de explotación.
Según los últimos datos publicados en red de granjas, en el primer cuatrimestre de este año los umbrales se situaban en Castilla y León en 0,244 euros por kilo para el pago más alto y en 0,271 para los segundos. Como ya se ha anunciado, el importe máximo no superará los 10.000 euros por explotación, por lo que la ayuda máxima alcanza a las primeras 33 vacas de las explotaciones en más compleja situación cuando la Rengrati cifra entre 70 y 80 vacas por explotación en la Comunidad autónoma. El decreto añade que si el importe total de las ayudas excede el crédito disponible —20 millones de euros— se realizará un prorrateo del importe máximo entre los beneficiarios.
El decreto establece un plazo de tres meses a partir de hoy para resolver la convocatoria y los pagos, a través el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), se realizarán en el plazo de un mes desde que el BOE recoja la resolución del proceso.
Así, se pone en marcha una medida pensada para los ganaderos que peor precio han obtenido por su leche, fundamentalmente en Galicia, que luego se amplió a aquellos que no obtengan beneficio como consecuencia de que la bajada del precio de la leche les impida cubrir los costes de amortización de los créditos que solicitaron para la modernización de su explotación.
Desde el sector se ha criticado la medida al considerar que el Gobierno debe liderar un pacto entre industria y productores que garantice la viabilidad de las vaquerías.
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