El pasado mes de marzo el organismo regulador les impuso una sanción de 88,2 millones de euros
La Abogacía del Estado cierra filas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante el recurso que las industrias lácteas han interpuesto en la Audiencia Nacional contra la multa de 88,2 millones de euros que el organismo regulador les impuso en marzo por cartelizar el sector durante más de una década -entre los años 2000 y 2013-.
Y aunque no se trata de un fallo firme, sí constituye la respuesta de la Administración a la demanda planteada por las empresas lácteas sancionadas con un parecer muy nítido en favor de las tesis y la actuación del regulador único.
En este sentido, fuentes consultadas próximas al proceso vaticinan que el pronunciamiento de la Audiencia no será muy diferente y que, en el lapso de tiempo hasta que se produzca, las empresas aprovecharán para hacer provisión de fondos mientras siguen a vueltas con el conflicto por los bajos precios de la leche.
En un contundente escrito de contestación a la demanda planteada por Calidad Pascual -cada una de las empresas sancionadas formuló un recurso individual- fechado el pasado 30 de septiembre y al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Abogacía rechaza de plano los tres argumentos que esgrime la compañía láctea: «la vulneración de la presunción de inocencia», del «principio de tipicidad» y un «incorrecto cálculo de la sanción impuesta».
El documento respalda la tesis de la «infracción única y continuada» que recogía el dictamen de la CNMC, y señala que «hay en el expediente multitud de pruebas que acreditan las conductas anticompetitivas».
También reconoce «el esfuerzo probatorio de la Dirección de Competencia durante el proceso» dado que las «pruebas obtenidas» acreditan «las prácticas anticompetitivas realizadas por las empresas, permitiendo incluso individualizar las conductas y determinar la concreta responsabilidad de cada empresa».
Recurso de Leche Pascual
Y ademas no ahorra críticas hacia el demandante -es decir, hacia Leche Pascual-, a la que acusa de «alegar de forma genérica y sin fundamento alguno» contra su sanción y de no haber presentado «una alternativa verosímil a las consideraciones aquí realizadas que pudiera haber alterado la calificación jurídica de las conductas sancionadas».
Por todos estos motivos, y tras analizar a fondo la resolución de la CNMC, la Abogacía pide desestimar el recurso de Leche Pascual «confirmando íntegramente la resolución» con «expresa imposición de las costas a la demandante».
Calidad Pascual fue sancionada en el expediente del cartel lácteo con 8,5 millones de euros, tras demostrar Competencia que intercambió información sobre precios y estrategias comerciales con otras empresas «que se podían haber materializado en acuerdos desde 2007 a 2012».
Al respecto, el documento refiere, dentro de los hechos que describe la resolución del cartel lácteo, la existencia del llamado G4 y G5, que agrupaba a las mayores empresas sector y que llevaban a cabo prácticas anticompetitivas e intercambiaban información sobre ganaderos.
Sin embargo, la pertenencia a ese grupo es algo que varias industrias han negado en sus respectivas demandas ante la Audiencia Nacional, entre ellas Nestlé España, que pese a haber sido multada con 10,6 millones insiste en no haber «participado nunca en el foro G4 y G5» y señala a «Lactalis/Puleva, Danone, Pascual y Capsa» como las integrantes del grupo.
La respuesta de la Abogacía resalta la idoneidad de la sanción impuesta frente a los argumentos de la demandante, pues supone «el 1,25% del volumen de negocios total en el año 2014» y prescinde de antiguas métricas de cálculo de multas que podían alcanzar hasta el 10% de la facturación de la empresa en el último ejercicio. «Basta decir que la multa se encuentra debidamente proporcionada», concluye.
Las tesis de la Abogacía del Estado marcan ahora un cambio de criterio con respecto a pronunciamientos recientes de la Justicia sobre las multas de Competencia. Si a principios del pasado abril la Audiencia Nacional había tumbado la sanción de 60 millones que impuso la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las cinco mayores eléctricas, la respuesta de la Abogacía del Estado hace pensar en que el camino hasta el fallo firme de la Audiencia Nacional será, cuanto menos, disputado.
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