La justicia tarda dos décadas en cerrar una investigación que comenzó en Checoslovaquia.
La justicia es, a menudo, lenta. A veces es tan lenta que, por el camino, se aprueban modificaciones legislativas, los acusados mueren y acontecen cambios geopolíticos de primer orden. Así ha ocurrido en un caso de contrabando de leche en polvo y mantequilla congelada que empezó a investigarse hace dos décadas y que próximamente llegará a juicio. Los hechos delictivos son incluso anteriores: los productos se importaban ilegalmente desde Checoslovaquia, un país que ya ni siquiera existe.
En 1991, el empresario Enrique Villalba montó una red de empresas para importar grandes cantidades de leche en polvo y mantequilla y venderla a grandes empresas, como Kraft. Los documentos de transporte, sin embargo, indicaban que se trataba de productos químicos: ácido bórico y parafina. Villalba logró así eludir el pago del arancel aduanero, que gravaba la introducción en la Comunidad Europea de productos agrícolas y ganaderos procedentes de terceros países como Checoslovaquia (la República Checa y Eslovaquia aún estaban por nacer y no formarían parte de la UE hasta 2004).
Villalba y sus socios lograron eludir el pago de unos 5,6 millones de euros -2.200 millones de pesetas- e introdujeron en España 5.000 toneladas de mantequilla y otras 720 de leche en polvo en tres años. Sin aranceles, podían vender su producto “a precios muy competitivos”, según los investigadores. Para eludir los controles, Villalba y su principal asociado, Javier Esteve, daban indicaciones a los transportistas para que no hicieran constar la temperatura de los productos (lo cual casaría mal con la mantequilla, que debía estar congelada) y precisaban que el transporte debía realizarse siempre por el paso fronterizo de La Jonquera. La razón, señala el juez, es que es un puesto difícil de controlar pos su “intenso tráfico de vehículos”.
La Agencia Tributaria comprobó sobre el terreno la trama –que también eludió los controles sanitarios- y comprobó que parte de la leche en polvo acababa en países como Tanzania o Marruecos. Los informes fueron firmados, entre otros, por Roger Bergua, que años después acabaría condenado por el caso Hacienda. La Fiscalía se querelló, en 1996, contra 15 personas. El caso recayó en un juzgado de Figueres (una plaza con una elevada movilidad de magistrados) y se ha tramitado, con numerosas interrupciones, hasta el día de hoy.
El camino ha sido largo y pedregoso. Apenas tres años después de la querella, Villalba, el principal implicado, falleció. En 2010 hubo otra criba: el juez archivó la causa contra Gabriel G. por demencia y contra otras cuatro personas por falta de indicios. La instrucción se cerró por primera vez en 2013 por varios delitos (contrabando, contra la hacienda pública, falsedad documental) y apuntaba que las empresas compradoras “conocían el origen ilegal de la mercancía” por “falta de convalidación sanitaria”, según el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Figueres, Javier León Mata.
Los recursos acabaron de complicarlo todo un poco más. El abogado de Esteve, Xavier Melero, insistió en que los hechos ya no podían acoplarse a tipos penales concretos “dados los numerosos cambios legislativos, históricos y políticos” ocurridos durante la transición. “Es lo que tiene el transcurso del tiempo”, ironizaba en su escrito. En 2014, el juez desestimó los recursos. Aunque en realidad ya no era un juez, sino una juez: María del Mar Iglesias. Al año siguiente, la Audiencia de Girona los estimó parcialmente y aceptó dejar fuera el delito de contrabando para Esteve y para otra acusada, y dejó fuera a Kraft.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/12/catalunya/1478972348_921742.html
