El acuerdo firmado hace días incluye una comisión de seguimiento, que pondrá nota a la distribución y la industria, jugando con su reputación corporativa.
¿Quiénes son actualmente los ‘malos’? En distribución, grandes superficies del ‘hard discount’ como Dia, Lidl y Aldi. En industria, marcas como Río.
Los ganaderos de leche con explotaciones en pérdidas tendrán una nueva ayuda pública (20 millones), sin necesidad de pedirla, casualmente en periodo electoral.
Al sumar los 250 millones anuales de la PAC y los 25,5 millones del presupuesto comunitario solicitados, el apoyo al sector lácteo ronda los 300 millones.
Dos días después de la firma del acuerdo lácteo por parte de cerca de 60 representantes del sector lácteo, excepto COAG y UPA, se van conociendo más detalles del mismo. De hecho, el Gobierno no se va a quedar de brazos cruzados, sino que sacará los colores a las grandes superficies de la distribución y a las industrias que se aprovechen de comprar la leche a los ganaderos a precios inferiores a los costes de producción. Es decir, a las que obliguen a los productores a venderles la leche a pérdidas, las cuales sacan tajada de que los ganaderos prefieran eso a tener que tirar la leche.
Una buena medida que llevará a cabo gracias a una comisión de seguimiento, incluida en el acuerdo lácteo. Ésta se encargará de poner nota a las compañías de la distribución y la industria, jugando por lo tanto con su reputación corporativa.
Ante estas calificaciones, cabe preguntarse ¿quiénes son actualmente los ‘malos’ de la película en el sector lácteo español?
Fuentes de Agricultura han señalado a Hispanidad, que en distribución, los ‘malos’ son las grandes superficies del hard discount, es decir, las que juegan sólo a dar el precio más bajo, como Dia, Lidl y Aldi. Mientras que otras grandes cadenas, como El Corte Inglés o Mercadona no han entrado en el juego sucio.
Por su parte, dentro de la industria transformadora tienen el papel de ‘malos’: marcas como Río -que sólo se dedica a la leche- y en general, todas las empresas que trabajan para las marcas blancas de las grandes cadenas, a excepción de la de Mercadona (Senoble Ibérica). Sin embargo, no actúan mal grandes marcas como Nestlé o Danone, entre otras, debido fundamentalmente a que no se dedican a la leche en brick, sino que la utilizan para elaborar yogures y otros productos lácteos.
Paralelamente, este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas de apoyo al sector lácteo. Se trata de un Real Decreto para explotaciones que no cubren los costes de producción, el cual contempla ayudas de 300 euros por vaca para cada explotación -hasta un máximo de 10.000 euros-. Además, habrá 110 euros/vaca -hasta un máximo también de 10.000 euros- para las explotaciones que cubran dichos costes, pero no logran beneficios por realizar importantes inversiones de modernización.
Así, los ganaderos de leche tendrán una nueva ayuda pública de 20 millones de euros y sin necesidad de pedirla, casualmente en periodo electoral. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente distribuirá el apoyo económico en un único pago, que beneficiará a cerca de 5.600 explotaciones: unas 1.700 recibirán los 300 euros/vaca y otras 3.900, las de 110 euros/vaca. Una “importante inyección de liquidez”, en palabras de la titular del Departamento, Isabel García Tejerina, para que “ninguna explotación tenga que cerrar” mientras se consigue la recuperación de precios.
Los 20 millones se suman a los 250 millones anuales de la Política Agraria Común (PAC) y a los 25,5 millones del presupuesto comunitario que ha solicitado el Gobierno. Por tanto, las ayudas al sector lácteo ascienden a casi 300 millones. “No hay ningún Estado miembro de la Unión Europea que implementado tantas medidas a favor del sector lácteo como el Gobierno español”, ha presumido Tejerina en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Habrá que ver si esto soluciona o no la crisis láctea, pues como saben, el acuerdo firmado hace un par de días elude lo más importante: el precio de la leche. Un asunto sobre el que desde el Gobierno sólo responden que no puede fijar un precio mínimo porque va contra la ley de competencia europea.
Cristina Martín
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