La organización agraria COAG en Andalucía ha considerado este lunes «injusto e incomprensible» que se «penalice» a los ganaderos andaluces y les «se excluya» de las ayudas estatales de mínimis al sector lácteo.
En una nota, COAG-A ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido «obviar los costes de producción como criterio a la hora de establecer los umbrales para el cobro de las ayudas de mínimis y ha establecido un umbral lineal que deja fuera a los productores andaluces». Según ha explicado, se establecen dos niveles de ayuda, uno de 300 euros por vaca, que se pagará a quienes hayan vendido el litro de leche por debajo de 0,259 euros (umbral 1), y otro de 110 euros por vaca a quienes hayan vendido por debajo de 0,285 euros. Con esos datos, Andalucía queda fuera de unas ayudas. COAG-A ha recordado que los ganaderos de Andalucía han hecho «un gran esfuerzo» para modernizar sus explotaciones, recurriendo a la mejora genética y con un alto nivel de tecnificación y control sanitario, que les permite producir más y mejor: una leche reconocida por su alta calidad y seguridad alimentaria. «Esta leche es mejor valorada en el mercado, y recibe un precio más alto que en otras comunidades. Pero de ahí no se deduce que la rentabilidad sea mayor, porque ese trabajo por la calidad implica mayores costes de producción, por las fuertes inversiones realizadas para conseguir un resultado óptimo», ha subrayado la organización agraria. Por eso, ha advertido de que es «injusto e incomprensible que se les penalice». El secretario general de COAG-A, Miguel López, ha apuntado que responde «más a un criterio político que técnico» el hecho de «dejar la concesión de la ayuda sólo en el precio de venta del producto, sin tener en cuenta sus costes de producción ni los niveles de inversión y amortización. «¿Cómo se va a determinar el nivel de renta de un ganadero si no se tienen en cuenta los costes de producción? Un ganadero andaluz puede vender más cara su leche y, sin embargo, tener más pérdidas que uno de otra comunidad con otro modelo, más extensivo, con menores costes y menos productivo. ¿Se merece un castigo el que trabaja por mejorar, el que busca la calidad? Esto mueve a pensar que el criterio para la concesión de ayudas es político, y desde luego no es objetivo», ha criticado. Además, López ha hecho hincapié en la «guerra comercial» que hay de fondo en esta cuestión, motivada por «intereses bastardos y especulativos de una gran distribución europea que quiere quedarse con el sector, desmantelar el tejido productivo en España para colocar sus excedentes procedentes de otros países europeos. «Esto nos conduciría a una situación de dependencia inaceptable, ya que hablamos de un producto básico y, por tanto, estratégico para nuestra alimentación», ha señalado. COAG ya había denunciado que con la eliminación del sistema de cuotas lácteas los ganaderos quedarían a «merced de las industrias y presionados por las importaciones de leche desde los países del centro y norte de Europa donde los costes de producción son más reducidos». Asimismo, ha exigido medidas de regulación de mercado para apoyar la sostenibilidad del sector lácteo. Las ayudas no dejan de ser «un parche que no soluciona el problema estructural del sector» y más si no se usan con criterios técnicos y objetivos, sino políticos. «La única solución posible para el sector lácteo es determinar un precio en origen del litro de leche que cubra los costes de producción, y esta fue una de las principales causas por la que COAG no suscribió el acuerdo lácteo propuesto por el Ministerio, además de porque no fija sanciones por incumplimiento de los compromisos adoptados por parte de cada uno de los operadores firmantes», ha explicado. El sector del vacuno de leche constituye un importante pilar en la economía del medio rural andaluz. Actualmente, Andalucía cuenta con unas 600 explotaciones lácteas, que entregaron 500 millones de litros de leche en el año 2014, lo que supone el 7,5 por ciento del total español.
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