Miembros del Partido Comunista están implicados en los hechos.
La Empresa Láctea de Santa Clara es una de las entidades en el territorio que más aportaba materia prima al mercado negro. Grandes cantidades de leche fluida o en polvo, queso, helado, yogurt, mantequilla, soya, e incluso gasolina se traficaban por la izquierda e iban a parar mayormente al sector de trabajadores por cuenta propia.
El descontrol existente en la entidad daba pie a que muchos trabajadores y directivos ganaran sumas elevadas de dinero sin traba alguna.
Algunos directivos de Recursos Humanos tenían un lucrativo negocio también. Las plazas, desde agente de seguridad hasta obrero vinculado directamente a la producción se cotizaban a más de 10 mil pesos (unos 400 dólares), e incluso mucho más, según dijo a este reportero un ex obrero que pidió el anonimato.
Pero la “alegría” en el codiciado centro laboral duró hasta el pasado mes de agosto. La Fiscalía General de la República de Cuba en Villa Clara comenzó una verificación fiscal desde el pasado día cuatro de ese mes, hasta el cinco de octubre.
Los fiscalizadores “pusieron a temblar desde el peje más gordo al obrero más simple”, cuenta Roberto Díaz, ayudante de un camión que acopia leche para la pasteurizadora ubicada en Circunvalación y Carretera a Manicaragua.
Este 20 de noviembre, Mildrey García Pérez, Fiscal Jefa del Departamento de Verificaciones Fiscales, en comparecencia radial, a través de la CMHW, expresó el resultado del control realizado a la Empresa de Productos Lácteos.
Según informó la funcionaria, se detectaron veinte violaciones de la legalidad de carácter grave. El Uso indebido de los recursos materiales o financieros, omisión y ocultación de datos y malversación son algunos de los hechos delictivos y los implicados esperan procesos judiciales.
Rafael Guzmán, residente en el reparto Vigía Sur y ex obrero de la línea de producción de quesos, estuvo detenido por tres meses en la prisión la Pendiente de Santa Clara, finalmente salió absuelto pero lo separaron de la empresa. Según el ex empleado, en la fiscalización detectaron problemas como el incumplimiento de los planes aprobados para las ventas del 2015. Existieron dependencias a las que no les entregaron los recursos asignados según lo planificado y a otras les entregaron más de lo que debía.
Pero también ocurrieron ventas indebidas de 7 mil galones de helado por encima de lo planificado para consumo interno, y vendieron a particulares y personas ajenas a la unidad.
Había asimismo un faltante de leche, debido a que los neveros falsificaban facturas que facilitaban la salida por la puerta principal, en camiones, de gran cantidad de leche que se vendía posteriormente a sobreprecio en el mercado negro.
Durante la auditoría, se ajustaron elevados montos por pérdidas en el proceso productivo, debido a supuestas roturas de bolsas. En ningunos de los casos los responsables habían investigado ni corroborado el hecho.
Aseveró la fiscal que para la reparación y mantenimiento del parque automotor destinado a la producción se presupuestó para el 2015, por parte del Estado, una elevada suma de dinero en divisa y como hecho grave 17 mil CUC (equivalente a dólares) se utilizaron en carros de directivos, sin existir un debido control de donde fueron a parar las mayoría de las compras.
William García, residente en calle Barcelona y Alemán, del reparto Raúl Sancho, expresó al respecto: “Yo trabajé manejando un camión ahí en el lácteo pero me tuve que ir porque el camión no tenía frenos buenos, el sistema de luces era deficiente, cada rato me quedaba botado porque los neumáticos estaban muy malos, me cansé de reportar las incidencias y nada, al final me fui lo que hacía era pasar trabajo”.
Resaltó la fiscal Mildrey que en el proceso solicitaron 31 medidas disciplinarias, seis a “cuadros” (miembros del Partido Comunista) y 25 a trabajadores y ya la Fiscalía fue notificada de la aplicación de las mismas donde sobresalen la separación definitiva del puesto de trabajo, la Democión Definitiva y procesos penal que están tramitación pues tiene un término de 60 días para la ejecución.
(Yoel Espinosa Medrano)
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