El valor de la leche medido en moneda maíz se derrumbó un 50% en el último año.
Una actividad “pesificada” con parte de sus ingresos dolarizados.
El precio de la leche medido en moneda maíz se derrumbó un 51% en el último año al finalizar el subsidio forzoso indirecto proveniente del sector agrícola.
El precio promedio ponderado de la leche cobrado por tamberos de Santa Fe fue en diciembre pasado de 2,47 $/litro versus 2,59 $/litro en noviembre del año pasado, según datos difundidos por el Ministerio de la Producción de Santa Fe.
El dato es que en el último mes de 2015 se necesitaron en promedio 1,48 kilos de maíz –puesto en Rosario– para comprar un litro de leche versus 2,01 kilos en noviembre del año pasado y 3,05 kilos en diciembre de 2014.
La caída nominal del precio pagado por la leche registrada en el último año pudo ser soportada por la mayor parte de los tamberos –algunos quedaron en el camino– gracias al planchadísimo precio interno del maíz generado por el cóctel integrado por retenciones + retraso cambiario.
Pero el “subsidio maicero”, que se extendió desde julio de 2014 a septiembre a 2015, comenzó a desinflarse en octubre y noviembre del año pasado para desaparecer definitivamente a partir de diciembre con la eliminación de las retenciones al maíz y el sinceramiento cambiario instrumentado por el gobierno macrista.
En el presente mes de enero, en caso de mantenerse el promedio de 2,47 $/litro liquidado en diciembre, la relación leche/maíz sería de apenas 1,25 kilos.
La única posibilidad de revertir ese panorama en la actual coyuntura es que el sector lácteo exportador, cuando el valor FOB de la leche se recupere, comience a subir los precios pagados a tamberos para captar nuevos remitentes. Pero nadie sabe cuándo se entonará el mercado internacional.
Para evitar quebrantos masivos de tambos, el equipo de trabajo coordinado por el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile anunció un mes atrás que implementará un subsidio universal para tambos de hasta 36.000 pesos por mes durante el primer trimestre de 2016. Pero la medida aún no entró en vigencia al no ser oficializada con su publicación en el Boletín Oficial.
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