Un mensaje dice “están allanando el CET de Atilra”, la primera reacción es responder, “¿en serio?”. Lo que muchas veces se supuso, al menos en los últimos meses, sucedió a media mañana de ayer en Sunchales.
Dábamos la primicia nacional y si no hubiera sido por las cuestiones de lavado de activos por parte de padre e hijo Moyano, esta podría haber calificado como la novedad sindical del día. No deja de serlo, porque la Justicia Federal le cayó a un secretario general más.
Héctor Ponce fue el objeto de este avance de la Policía Federal, con exhorto derivado desde Buenos Aires y ejecutado por el Juzgado Federal de Rafaela -hecho no confirmado fehacientemente- pero con efectivos de la Federal radicados en Santa Fe, sin intervención de ninguno de los dos juzgados federales radicados en la capital provincial. El delito que se inscribía en la orden de allanamiento era “sospecha de delito”, derivado de una denuncia de hace algunas semanas, que no sólo tuvieron derivaciones en acciones dentro de Sunchales, sino que se abarcaron diversas filiales del gremio en todo el país, que rondarían los 18 domicilios.
La orden surge del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº9 a cargo de Luis Rodríguez -en la Secretaría Nº18 del Dr. Juan Manuel Grangeat- el mismo que tramita causas contra Ricardo Jaime, Jorgelina Abbona, Juan José Aranguren y Julio De Vido.
El primer desembarco se hizo en el Centro Educativo Tecnológico de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, que incluye salas de capacitación, un restaurante, un auditorio, e incluso un hotel con 14 habitaciones completamente equipadas. Los efectivos federales, durante la mañana, también llegaron a supermercado y a la sede gremial, además de la casa del propio Ponce, e incluso a la vivienda que pertenecía a Hilario Valinotti, el piloto de 82 años que en octubre pasado falleció en un accidente aéreo en la zona de Tacural, al enredarse con líneas de media tensión. Se supone que en documentos hallados en el procedimiento se encontró algún vínculo de este hombre con Atilra, para la adquisición de un avión sanitario.
Otro relevamiento se hizo en la Clínica 10 de Septiembre, en su ubicación actual donde también se colectó material para la causa. Cabe destacar que sigue en construcción el nuevo establecimiento, para el cual desde 2009 el gremio recauda el Fondo Solidario, un pago extraordinario que llegó a superar los 3.500 pesos por empleado al mes y que ahora abonan 1.500 pesos las industrias grandes y 750 las pymes, punto que deberá debatir su continuidad en el inminente cierre de paritarias, que tendrá un nuevo encuentro la semana entrante luego de la oferta del nueve por ciento por parte de las industrias.
El silencio del gremio dejó traslucir la tensión, mientras los “trolls” de Ponce se ponían muy nerviosos en las redes y con amenazas cobardes se entremezclaban con lo que comenzaba a ser una convocatoria a los trabajadores de todas las seccionales, que culminaría esta tarde a las 19 con una movilización frente al propio CET de Atilra en Sunchales, donde comenzó todo.
Cabe destacar que el avance de la Justicia no subraya los derechos de los trabajadores, sino que se enfoca en el gremio y sus administradores, por supuestos delitos de índole federal.
Cabe destacar que el avance de la Justicia no subraya los derechos de los trabajadores, sino que se enfoca en la persona del Secretario General en una CAUSA caratulada «PONCE HECTOR Y OTROS S/AV DE DELITO», Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 del Dr. Luis Osvaldo RODRIGUEZ, Secretaría Nº 18 del Dr. Juan Manuel GRANGEAT. INVESTIGADO: HECTOR PONCE, DNI 11.474.866, titular del gremio ATILRA.
Autor: Elida Thiery
Fuente: EDairyNews
