Buenos Aires. Al cierre de esta edición continuaban anoche contactos informales en los que se trataba de reencauzar una negociación que, al mediodía, se frustró e impidió que se realizara un encuentro considerado clave. En él, representantes del Gobierno, de la industria y del gremio lácteo Atilra iban a definir la disminución o eliminación de un aporte que desde 2009 deben hacer las empresas al gremio, por cada empleado, para financiar sus “actividades solidarias”.
El aporte, de 3.600 pesos por empleado, es cuestionado por las empresas. Algunas iniciaron juicio bajo la premisa de que viola el principio de libertad de sindicalización. En el resto de las actividades, si un trabajador no se afilia al sindicato, no paga la cuota sindical. Acá, no paga la cuota, pero su puesto genera un dinero que va forzosamente al gremio.
El Gobierno planteó quitar ese privilegio como condición para el auxilio de 450 millones que ofreció a Sancor (que pidió 5.000 millones y ya recibió sólo este año, 250 millones). El sindicato sólo admitía, según trascendidos, renunciar momentáneamente a ese aporte, y sólo en el caso de SanCor.
La cooperativa ya recibe muchos privilegios respecto de otros competidores privados (los salvatajes estatales recurrentes, no pagar Ganancias por ser cooperativa, entre otros) y de este modo sumaría una nueva ventaja. Por eso el Gobierno planteó que el criterio sea general para toda la industria.
El sindicato no lo aceptó. El hecho comenzó a generar una rebelión en sus bases. Ayer, grupos de empleados autoconvocados protestaron en plantas de San Guillermo, Gálvez y Sunchales, no contra la empresa sino contra Atilra.
La situación de Sancor se agrava hora a hora. Los tamberos ya no le envían leche, dado que no cobran desde enero.
Sus cheques, emitidos por SanCor, ya no son recibidos por terceros. Y en las góndolas de todo el país es notorio el faltante de sus productos. Ayer, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) fue durísima: “Sancor engaña a los tamberos y pretende darles un tiro de gracia”, dijo.
Impacto en Córdoba. Brinkmann y Moldes. Según Agricultura, hay unos 150 suspendidos. El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, sostuvo que la crisis de SanCor por ahora afecta a 150 empleados que están suspendidos, en plantas de Coronel Moldes (departamento Río Cuarto) y de Brinkmann (San Justo).
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