Por Matías Longoni.-
El primer aviso surgió del último informe mensual de Caprolecoba (los tamberos del oeste bonaerense): “Lamentablemente la empresa Lácteos Conosur (La Suipachense) entró en concurso de acreedores, y renegocia condiciones para tratar de asegurar la continuidad de su abastecimiento”. De inmediato otras fuentes confirmaron la mala noticia (o buena, según la perspectiva que se aplique). Acosada por un pasivo cercano a los 250 millones de pesos, la tradicional firma láctea de Suipacha inició el trámite formal para renegociar esas deudas con sus acreedores.
La noticia debiera ser preocupante especialmente para esa tranquila ciudad ubicada sobre la Ruta 5, a unos 150 kilómetros de Buenos Aires. Es que en la planta láctea trabajan unas 135 personas de modo directo, y habrá otros tantos que lo hacen de manera indirecta, prestando sus servicios a la firma. Por lejos La Suipachense tiene el nombre bien ganado, porque es la principal generadora de empleo en Suipacha.
Los problemas con los cheques rebotados empezaron hace exactamente un año, en enero de 2017. Meses antes, un comunicado de Apymel había advertido que la firma, estaba siendo “acosada”, esa palabra se utilizó, por el Fisco Bonaerense. En rigor, a mediados de 2016 ARBA le inició una demanda por una deuda de 14 millones de pesos y al poco tiempo sufrió un primer embargo sobre sus cuentas bancarias. Luego se sumó la AFIP. Dijo una fuente que conoce de cerca el caso que de los 250 millones de deuda acumulada, el principal acreedor -por lejos- es el propio Estado, con unos 150 millones. Los aportes patronales por el personal ocupado, por cierto, figuran al tope de los incumplimientos.
Dicen que el capital no tiene patria y debe ser cierto. Pero en este caso hay que marcar que los dueños de la firma que operaba La Suipachense, llamada Lácteos Conosur SA, son dos empresarios venezolanos. Si, de la Venezuela de Chávez y Maduro. Llegaron aquí en 2012, cuando compraron la usina láctea al grupo chileno Watts, que la había operado desde los años noventa. Antes, desde su origen, la planta había pertenecido a una cooperativa de productores.
Los hermanos Carlos y Alfredo Fernández, los venezolanos de marras, curiosamente no son chavistas sino que en la intimidad se definen como “anti”. Tampoco hicieron su fortuna con negociados con algún burócrata puesto que su origen es la producción de leche en la rica zona agrícola del sur del lago Maracaibo, en el estado de Zuliá. En 2012, cuando La Suipachense estaba a punto de cerrar, los tentó de probar suerte en la Argentina el ex subsecretario de Lechería Luciano Di Tella, quien primero se asoció con ellos pero un año después les cedió por completo el negocio. Desde entonces, según las fuentes consultadas, los venezolanos han venido inyectando plata de lo lindo para mantener activa La Suipachense.
“El mayor problema que tiene ese grupo es que recibe muy poca leche en relación a la cantidad de empleados que tiene”, describe uno que conoce el negocio y que trae a la memoria el caso parecido de SanCor. En este caso, el sindicato también habría sido una suerte de salvavidas de plomo, pues en todo momento ATILRA se negó a una reducción de la planta que hiciera viable la empresa. Los tamberos, en tanto, se le fueron yendo de a poco y hoy solo le quedan algunos que cobran la leche a los 7 días, de puro desconfiados. Clientes, en tanto, no le faltarían pues Lácteos Conosur está colocando sus productos a las cadenas Wal-Mart y Día.
Ahora, con la convocatoria de acreedores sobre la mesa, habrá que ver cómo sigue esta película. Para algunos, como decíamos al principio, se trata de pisar el freno antes de caer en el abismo y por eso hacen una lectura positiva.
“Una convocatoria te ordena,no te impide trabajar”, explicó un informante que tiene muy claro cómo funcionan algunos curiosos circuitos legales. Si estás bien de papeles pero te atrasás con la AFIP, podés acogerte a una moratoria con plazos exiguos y altísimos intereses, que te terminan hundiendo. En cambio se te convocás, hay quitas de capital, los intereses son mucho más bajos y los plazos de cancelación pueden estirarse hasta ocho o diez años. Argentina se llama. Un país que suele premiar a quienes no cumplen.
