La rama se denomina «autoconvocados», que están de acuerdo con esa reducción, y ya hicieron protestas en las plantas de San Guillermo, Gálvez y Sunchales, todas en el interior de Santa Fe y en el corazón geográfico del conflicto, donde se encuentra la sede central de Sancor y del gremio.
«Nos autoconvocamos junto a un grupo de compañeros que no compartimos la negativa del gremio para avanzar con las negociaciones con el gobierno nacional. Solicitamos las explicaciones del caso de la boca de Héctor Ponce, secretario general de Atilra, y exigimos la resignación del aporte solidario o bono que el gobierno pide como condición para poder avanzar en el salvataje de la empresa», explicaron los «autoconvocados» a través de un comunicado difundido el día siguiente de que Atilra diera a conocer su postura respecto del bono en cuestión.
El descontento entre las bases internas del gremio se hizo sentir este fin de semana, ya que Atilra lanzó un comunicado en el Día del Trabajo anunciando que hoy se reunirán con representantes del gobierno nacional para dialogar, aunque en la información oficial no mencionan la cuestión del bono extraordinario, por lo que quedan dudas sobre si aceptarán la reducción que propone el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile.
El bono que divide a los trabajadores lácteos, y generó el cruce entre el gobierno nacional y los directivos de Atilra para poder lograr el rescate de Sancor, es un aporte extraordinario que las grandes empresas lácteas derivan al sindicato desde el año 2009.
Según el expediente 1326351/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el bono, que comenzó siendo de 417 pesos «por cada mes y por cada trabajador», y «será ajustado en la exacta proporción en que se modifiquen los salarios básicos», según consta en el escrito.
El bono asciende en la actualidad a unos 3.600 pesos, aproximadamente, según las declaraciones públicas de los industriales del sector.
Este acuerdo fue desde entonces rechazado por otras asociaciones de empresas lácteas que, si bien no firmaron el documento, debieron pagarlo de todos modos. Entre éstas se cuenta Apymel, que reúne a las pequeñas y medianas industrias lecheras. Su presidente, Pablo Villano, ya el año pasado había dicho que el bono «no tiene razón de ser» y que «se va indexando con cada aumento de salario y ha llegado a números impagables». También señaló que existen ocho causas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires iniciadas por empresas lácteas de esa provincia para no abonar el bono extraordinario.
Según las explicaciones que Jorge Coronel, firmante del acuerdo y asesor legal de Atilra, durante esa conferencia de prensa, «el bono fue dispuesto para financiar prestaciones médicas de Ospil», la obra social del gremio.
Para el plan de salvataje de la industria láctea, el ministro Buryaile pretende convencer a Atilra de que permita la reducción de este bono a $1.500 pesos por trabajador.
Esto fue anunciado por el funcionario luego de que se acordara otorgarle un crédito del programa Fondear a la empresa Sancor por 450 millones de pesos y de esa forma saldar sus deudas más urgentes. Sin este aporte, la quiebra de Sancor sería inminente.
En una conferencia de prensa realizada el martes pasado en la sede de Atilra de Sunchales, directivos de Sancor exhibieron una postura inflexible con respecto a la reducción del bono. «No seremos nosotros quien rompa el acuerdo», dijeron en referencia al documento que establece el bono extraordinario firmado por el gremio junto a tres cámaras empresarias el 7 de mayo de 2009, refrendado el 13 de julio de ese año por el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández (por entonces recién asumido) y por el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, durante el actual Gobierno.
El grupo de autoconvocados está compuesto por trabajadores de la empresa Sancor, a quienes desde hace meses se les adeuda salarios y desde diciembre reciben esporádicos depósitos de parte de la empresa que no llegan al 10% de su sueldo mensual.
Mientras que muchos rechazan la postura del gremio, otros siquiera la conocen, sobre todo los que están alejados de Sunchales, la ciudad donde Atilra tiene su sede central y donde se dio a conocer el rechazo de negociar el «bono extraordinario».
«Necesitamos que alguien del gremio o de la empresa se acerque para explicarnos cómo seguimos, si la planta se cierra o no, porque nadie sabe qué hacer», explicó a una radio local uno de los trabajadores apostados frente a la planta de la ciudad cordobesa de Balnearia.
Sin embargo, el miércoles pasado, cuando los trabajadores que integran el grupo de los autoconvocados- que están de acuerdo con la reducción de ese bono- salieron de trabajar en la planta de Sancor, en Sunchales, un grupo de personas vestidas con camperas negras identificadas con el isologotipo del gremio se acercaron a los manifestantes y les cerraron el paso, impidiendo que lleguen hasta la sede de Atilra donde se habían convocado para manifestar por la reducción del bono.
El hecho fue registrado por el periodista local Fernando Pacheco, de radio Ingenio, que subió a su Facebook personal una filmación donde los hombres de campera negra violentan a los autoconvocados y les exigen que dejen de filmar. Pacheco continuó filmando desde más lejos y registró cómo, menos de diez minutos después, los autoconvocados se deconcentraron presionados por los «camperas negras».
(por Francisco Marzioni, Especial para Télam)
http://www.telam.com.ar/notas/201705/187565-sancor-bono-atilra.html
