Provincia y Nación agilizaron la prórroga de la emergencia agropecuaria, pero el drama exige mayores esfuerzos para rescatar a cientos de productores en situación terminal.
En medio de la angustiante situación que atraviesa el agro santafesino los gobiernos provincial y nacional sintonizaron frecuencias, no del todo despojada de alguna que otra interferencia, y unificaron criterios. El desembarco del Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile en el despacho del gobernador Miguel Lifschitz, el lunes pasado, sirvió para aceitar engranajes burocráticos y desembocó en la formalización de la prórroga de la emergencia agropecuaria santafesina, que luego fue homologada el jueves por Nación.
Los beneficios de ambas medidas está lejos de ser útiles en la urgencia, mientras -según declaraciones de funcionarios santafesinos- unos 1.000 tambos están bajo agua con distintos grados de afectación, desde la interrupción del ordeñe a la liquidación de planteles, la imposibilidad de entregar la producción o la falta de alimento para los animales. A grandes rasgos para unos 10.000 productores de 18 departamentos habrá -según el nivel de daño- diferimientos o condonaciones impositivas y suspensión de procesos judiciales. La decisión de extender por 180 días la medida, dictada el año pasado a raíz de la crisis hídrica de abril, evita una nueva declaración y, por lo tanto, le ahorra a quienes ya tienen su certificado tener que gestionar otro.
Mientras tanto, para atender la delicada situación de los productores, se estarían estudiando “respuestas que salen del esquema formal bancario”, según anticipó Buryaile en conferencia de prensa. A sabiendas de la complicadísima situación financiera de quienes padecieron dos inundaciones en 8 meses, que los margina del acceso al crédito, el objetivo sería ofrecer alternativas con exigencias menores. Pero para ello se debe encontrar un formato para “no violar la ley”, explicó el funcionario.
Al término del encuentro en la Casa Gris, que incluyó gran cantidad de productores y ruralistas, Buryaile remarcó: “la situación es extraordinaria, por lo tanto nos vamos a tomar unos días para avanzar en algunas cuestiones que exceden el marco normativo que tenemos o las posibilidades de solución”.
Para socorrer a los productores en situación crítica mencionó estar trabajando en herramientas que necesitan un tiempo de análisis por la necesidad de ajustarlas al marco normativo. “Vamos a salir con respuestas que salen del esquema formal bancario y por eso necesitamos poder realizar algunos mecanismos financieros que lo permitan, que no violemos la ley, digamos”, deslizó, sin dar más pistas sobre la herramienta bajo análisis. Luego, productores presentes en la reunión mencionaron que se había mencionado la posibilidad de conformar un fideicomiso para otorgar préstamos, obviando los requisitos que exigen las entidades bancarias y que impedirían a muchos accederá a esas herramientas.
A su turno el gobernador Lifschitz declaró que se acordó trabajar tanto en la coyuntura como en el mediano plazo en obras de infraestructura, comités de cuenca y estudio de las cuencas. “Creo que la reunión fue positiva, por supuesto que nunca deja conformes a quienes están sufriendo el problema, pero creo que hay voluntad política de buscar soluciones en el corto plazo y mediano y largo”.
Al enojo de muchos damnificados que denuncian haberse inundado por falta de obras provinciales, el mandatario respondió: “siempre faltan obras, obviamente”. Pero los matizó refiriendose al régimen extraordinario de lluvias y a los pronósticos fallidos de verano cálido y seco. “Para el domingo daban 100/150mm y en el sur hubo 350”, dijo en referencia al fenómeno que impactó con dureza en Arroyo Seco y otras localidades sureñas. “Evidentemente estamos frente a situaciones climáticas que hay que estudiar y analizar”, reflexionó.
Y agregó: “por supuesto que hay que hacer obras, muchas se están haciendo; otras hay que encararlas, de eso hablamos con los productores; pero no se pueden encarar obras sin tener certezas de que los impactos que produzcan sean positivos, sobre todo aguas abajo, a otros productores o poblaciones”.
También destacó la “firme decisión política, tanto de provincia como Nación, de avanzar e invertir en obras y en recurso que permitan paliar la situación a futuro”. Aclaró que “no quiere decir que no habrás más inundaciones”, sino que tratará de proteger mejor a los cascos urbanos y a los planteos productivos.
Asamblea en la 34
El sábado 14, desesperados por la gravedad de la catástrofe, un grupo de productores del departamento Castellanos se subieron a la ruta, en el cruce de la 70 y la 13, en el acceso a Presidente Roca, una de los distritos más castigado por el agua. Allí exigieron la presencia el martes 17 del gobernador. Sin embargo el mandatario los recibió -ese día- en la capital provincial. Ese día, al mediodía, los delegados informaron a la asamblea el saldo de la reunión (que incluyó a técnicos y funcionarios de los ministerios de Aguas, Producción y Gobierno): compromiso de obras para drenar los excesos; estudio hídrico integral, que ya estaría en marcha con el INA (Instituto Nacional del Agua); la promesa de solicitar a legisladores santafesinos que agilicen una ley de aguas en el Congreso Nacional; y una reunión técnica el viernes 20 con directivos de los comité de cuenca Vila-Cululú y Las Penquitas-Las Calaveras. Esto no impidió que, por la tarde, decidieran volver a manifestarse con una interrupción parcial del tránsito sobre la Ruta Nacional 34 en la ciudad de Rafaela. Los manifestantes indicaron que eperarán 10 días y, de no obtener resultados satisfactorios, retomarían el plan de lucha.
LO IMPORTANTE
Aviadores agrícolas
La Cámara de Empresas Agroaéreas de la Provincia de Santa Fe (CEASFE) indicó que gracias a la actividad que realizan las pérdidas no se potenciarán, ya que los productores podrán curar sus cultivos de hongos, insectos y malas hierbas, pese a no tener piso en los lotes. “La imposibilidad de llegar por tierra a los lugares afectados hace que los productores agropecuarios elijan realizar aplicaciones aéreas para salvar sus cultivos, efectuando de esta forma todos los tratamientos que ellos requieren de manera urgente e impostergable”, remarcaron.
Desde el sector aprovecharon para hacer visible la utilidad de sus servicios y defenderse de los ataques de grupos ecologistas que abogan por prohibirlos. La actividad -dijeron- que “año tras año sufre fuertes críticas, es vapuleada y minimizada por parte de la población (quizás por falta de conocimiento o por simples prejuicios) y por parte de algunos funcionarios públicos; hoy protege, ayuda y resguarda la producción agrícola provincial”.
Juan Manuel Fernández
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