Entidades se manifestaron en contra de la medida impulsada por el CIL.
Con las liquidaciones de noviembre podrían volver los conflictos en el sector.
Luego de la medida cautelar interpuesta por el Centro de la Industria Lechera (CIL) contra la resolución 344 del Ministerio de Agricultura de la Nación, que establece un cambio en la forma de pago de la leche cruda, distintos actores del sector dieron a conocer su rechazo a la iniciativa empresarial.
Cabe señalar que la mencionada resolución modifica la liquidación de la leche, que a partir de ahora debe basarse en un 95 por ciento por parámetros higiénicos y de calidad, quedando sólo un 5 por ciento para bonificaciones que realizan las industrias. Anteriormente era del 80 y 20 por ciento, respectivamente.
Tanto la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL), entidad formada por empresas de distinto porte que, en algunos casos como Sancor y Manfrey, comparten pertenencia con el CIL; como la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (Caprolec) mostraron su oposición a la judicialización de la medida. Ayer la ESIL también se expresó en ese sentido.
Acerca de los motivos que llevaron a la presentación de la medida judicial, el presidente del CIL, Miguel Paulón expresó a PUNTAL VILLA MARIA que la resolución en cuestión “es una modificación sustancial; es un sistema de pago mediante el cual incluso se restringe la libertad de comercio entre las partes. Hay que distinguir. Todos estamos a favor de la liquidación única y la hemos apoyado fervientemente. Esto es otra cosa”.
Continuando con su idea, el directivo indicó que el dictamen ministerial “tiene cuestiones intrínsecas que no se pueden cumplir, porque si uno tuviera que hacerlo al pie de la letra termina resultando prácticamente un precio para cada productor, con lo cual lo que se dice literalmente, que es aumentar o mejorar la transparencia del sistema, de esta manera resulta todo lo contrario”.
Paulón agregó que “el hecho que no quede margen para la negociación comercial de acuerdo al perfil productivo de cada una de las compañías en su relación privada con los productores es una cuestión que tampoco convalidamos. No tenemos objeciones con la liquidación única, todo el mundo está a favor de liquidar por sólidos y atributos de calidad. No estamos de acuerdo con que nos resten margen para la negociación comercial entre privados”.
Sobre los pasos procesales, indicó que el juzgado “hizo lugar a la presentación y se declaró competente. Nosotros pretendemos que se expida también sobre la cuestión de fondo”.
Pago
El presidente del CIL aseguró que las empresas asociadas a la entidad desconocerán la normativa. “Estamos incumpliendo con la resolución por la imposibilidad técnica de adecuarnos a los términos estricto”.
Según el directivo, la posición asumida no generó reacciones en los productores que remiten la leche a las empresas asociadas. “Daría la impresión que los productores se han adecuado a la forma en que se venía trabajando y parecería que no tienen expectativas de muchas modificaciones”.
Distinta es la postura JIPL. Concretamente, en un comunicado dio cuenta de la preocupación por la “medida cautelar presentada por el CIL en contra del Gobierno nacional”, a la vez de considerar que la “la instancia del diálogo y concertación debe primar en estos casos con el objeto de superar las diferencias y consensuar entre las partes que integran al sector la instrumentación gradual de estas nuevas medidas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la Subsecretaría de Lechería”.
Asimismo, la entidad propone que “se priorice el diálogo por sobre la confrontación judicial, en beneficio de la reglamentación del pago de la materia prima a los productores lecheros, ya que la misma será a través del tiempo un hecho histórico en base a las oportunidades que tiene el sector lácteo nacional para continuar con su desarrollo, tanto para cubrir las necesidades del mercado interno como de importantes demandas de los mercados internacionales”.
Los productores
Diego Manavella, reelecto presidente de Caprolec, manifestó su rechazo a la posición del CIL, asegurando que “la industria se ve perjudicada porque va a tener que blanquear su situación; tendrá que pagar por los sólidos que tiene la leche y no por la cara del cliente. La judicialización de la medida es por un sector de la industria más grande. La Junta Intercooperativa y las pymes seguirán avanzando en este ordenamiento”.
Añadió que “nosotros vendemos lo que producimos, que tiene proteínas, grasas, calidad higiénico sanitaria; y a esto lo habíamos firmado con la industria en el año 2005 en San Francisco. Esta medida viene a corroborar lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo”.
Acerca del argumento expresado por Paulón, que el sistema en la práctica no se puede cumplir, el titular de Caprolec subrayó que “es una estrategia de la industria para demorar esto. Si hay otrasindustrias importantes que aceptan la medida y la toman como algo razonable y viable, no entendemos porque algún sector no está de acuerdo. Además en 2.011, cuando se implementó la liquidación única, el primer paso era partir del 80 por ciento del pago sobre calidad y componentes y el 20 para bonificaciones. De esa manera nos íbamos acomodando todos, incluso los productores. Ahora llegó el momento de cambiar los porcentajes”.
La postura de la ESIL
La ESIL no quiso quedar al margen de la disputa y mediante un comunicado de prensa manifestó su apoyo a la implementación del sistema de liquidación única.
Textualmente, la institución educativa sostuvo que “coherentes con nuestra historia de trabajo, reiteramos el apoyo a un sistema transparente y ordenado de comercialización de leche, en el que el valor de la misma sea básicamente función de sus atributos de calidad.
Sostenemos que estos atributos deben ser evaluados por laboratorios neutrales, debidamente equipados, auditados y certificados oficialmente, de modo tal de garantizar la objetividad de los resultados analíticos”.
Añadió además que “entendemos también que para lograr los objetivos esperados es indispensable que sea un sistema inclusivo, que anule la posibilidad de un mercado marginal y desleal. Un sistema en el que se encuadre toda la industria, aun aquella que procesa su propia leche”.
Finalmente, la ESIL marcó su discrepancia con la judicialización de la resolución, destacando la importancia del diálogo para dirimir las controversias.
“Estamos convencidos que la inmensa mayoría de los actores de la cadena láctea, en términos generales, coincidimos en estos postulados, por lo que sostenemos que las eventuales diferencias son cuestiones de forma, que deben superarse mediante el diálogo y el consenso en aras de objetivos superadores”.
PABLO CORREA
PUNTAL VILLA MARIA
