José Ledesma, apoderado del supermercado denunciado por la operatoria fraudulenta, indicó que nunca involucró a un empleado de la cartera social por la mercadería que no podía ser vendida y estaba en la góndola del comercio.
Conocida la denuncia realizada por un matutino local acerca de la venta de leche que entrega el Ministerio de Desarrollo Social a personas en situación de vulnerabilidad, se constituyó una abogada de la Asesoría Legal para esclarecer los hechos. Se labró un acta donde, el encargado del comercio implicado, José Ledesma, expresó que nunca involucró a un personal de la cartera como se consigna en el medio de comunicación.
En su relato declaró que el sábado por la mañana se presentó un hombre de bajos recursos, solicitando el intercambio de 12 cajas de leche por verduras, carnes y otros productos alimenticios, que necesitaba con urgencia. El comerciante manifestó que de buena fe accedió a lo propuesto y que por la tarde de ese mismo día, se presentó en el comercio Miguel Chamorro, con una testigo, dirigiéndose exactamente a la góndola donde se encontraba el producto en cuestión. Ledesma indicó que le pareció sospechosa esta actitud, y la presencia inmediata de la policía en el lugar.
Defensa del consumidor
El Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo, a través de la Subsecretaría de Comercio es la responsable de realizar controles en los negocios para corroborar que se respeten los derechos del consumidor. Asimismo controla que se ajusten a los convenios establecidos, como por ejemplo aquellos en los que se comercializan productos a través de la Tarjeta Alimentaria.
Por medio de la Dirección de Comercio Interior de mencionada Subsecretaría, se ofrece una estrategia integral que comprende la recepción de denuncias y reclamos, la educación para el consumo y el control en los comercios. Justamente el supermecadista Ledesma, reconoció que dos veces por mes, como mínimo, recibe los controles de rigor.
El lunes a primera hora el organismo provincial, se presentó en el local comercial ante lo publicado en un medio de comunicación, verificando la situación y aplicando una suspensión preventiva del servicio de prestación de la Tarjeta Alimentaria, elevando las actuaciones a los organismos competentes, hasta que se dilucide la situación.
En lo que respecta a lo realizado por la Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Social y una vez labrada el acta, se continúa con los trámites administrativos correspondientes para determinar si hubo o no irregularidades en el caso.
