Encabezados por el productor tambero Daniel Oggero oriundo de Ramona y uno de los directores de Federación Agraria Argentina, un grupo de dirigentes representativos de esa entidad en nuestra zona – como Diego Sara, presidente de la filial Roca de FAA- recibieron a dirigentes políticos de la región para pedir respaldo a los reclamos del sector tambero. 
Aunque la invitación se había extendido a varios dirigentes, sólo asistieron una media docena de presidentes comunales de localidades de la región y el senador Alcides Calvo.
En el transcurso del encuentro, los productores hicieron una descripción cruda de la actualidad del sector tambero y denunciaron que algunos productores de la provincia de Córdoba están cobrando apenas 1,35 peso por litro – la mayoría de las industrias líderes está pagando entre 1,47 y 1,55 por litro-, por debajo de los costos operativos de una empresa tambera.
Según los representantes de FAA, la evolución de los costos y el virtual congelamiento de los precios que se pagan a los tamberos están originando una gravísima crisis en el sector que puede derivar en el cierre de tambos y en la concentración de la producción en pocas manos.
En la reunión entregaron a los presidentes comunales y al senador Calvo un documento de la Mesa Nacional de Lechería, en donde reclamaron al Gobierno nacional “una mejora urgente de los ingresos de los productores a través de un aporte no reintegrable de 30 centavos por cada uno de los primeros 3.000 litros producidos de leche cruda, hasta que la situación se revierta”.
También pidieron al Gobierno nacional una “mejora de los ingresos sectoriales”, por la vía de la eliminación de “las intervenciones distorsivas actuales, asegurando la competencia a todo lo largo de la cadena, desterrando acuerdos que atenten contra ella y que la mala regulación fomenta”. Además, reclamaron “comenzar con el trabajo aprobado en el año 2007 ‘Estudio de la Comercialización en el Sector Lácteo’, como herramienta apta para identificar las distorsiones que amplifican la distribución irregular dentro de la cadena sectorial”.
“En el orden fiscal –agregaron en el documento-, estudiar la conveniencia de reducir el IVA, ingresos brutos, impuestos municipales y compensar otras obligaciones con el impuesto a los débitos y créditos bancarios en su totalidad”. Y sigue el petitorio: “Autorizar a los tambos desgravar de ganancias los gastos en: mano de obra, fertilizantes, equipamiento, etc. Articulación público-privada para reducir los excesivos márgenes de comercialización. Facilidades para el aumento del capital de trabajo y el financiamiento de stocks. Reducción de los costos estructurales. Costo argentino. Investigación-Desarrollo y extensión”.
También reclamaron “Políticas sectoriales conducentes a nuevas inversiones: Retornar a un sistema de exportaciones automáticas; devolución de impuestos indirectos a través de reintegros a la exportación; facilitar la prefinanciación de exportaciones; liberar la exigencia de un stock mínimo; devolución automática del IVA exportaciones; promover inversiones».
Entre los productores también está circulando un temor importante: que haya una nueva baja de precios en la primavera, ante los aumentos que se dan en la producción y la caída de los precios internacionales, habida cuenta de que los excedentes de producción se colocan precisamente en el comercio exterior. Y le agregaron otro temor: que las industrias recorten sus pagos de materia prima para saldar el aumento salarial que se comenzará a negociar en estos días con ATILRA.
Al hacer uso de la palabra, el senador Calvo lamentó la ausencia de representantes del Ministerio de la Producción de la Provincia. “Nosotros venimos a poner la cara”, dijo Calvo, pero al mismo tiempo le recordó a los dirigentes de FAA que “ante el problema tambero, la Provincia cerró los ojos y dio vuelta la cara”. Como los productores le habían reclamado asistencia financiera a la Nación, Calvo pasó una factura al citar que “hasta el 2007 había créditos subsidiados y yo soy autor de un proyecto de ley en esa dirección”, pero tales políticas fueron abandonadas, según el Legislador, por la administración del Frente Progresista.
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